Luego de años prófugo fue capturado en el distrito limeño de Comas el excomandante de la Policía Nacional del Perú, Raúl Enrique Prado Ravines quién fue sentenciado a 36 años de prisión por su presunto liderazgo en el llamado “Escuadrón de la Muerte”, una red de oficiales que habría ejecutado al menos 30 personas en operativos simulados entre 2012 y 2016.
La Fiscalía lo acusa de haber ordenado y participado en acciones encubiertas donde se asesinaba a personas —en algunos casos con antecedentes, en otros sin relación con delito alguno— para hacerlos pasar por delincuentes abatidos en enfrentamientos ficticios y alega que tales montajes buscaban beneficios personales y ascensos dentro de la institución.
Sin embargo, no faltan quienes sostienen que Prado Ravines fue condenado con más conjeturas que pruebas concluyentes; en redes sociales, y en conversaciones reservadas dentro de la propia PNP, se ha instalado la idea de que fue un “chivo expiatorio”, un oficial eficaz que terminó pagando el costo político de una guerra contra el crimen llevada al extremo.
A pesar de la contundencia con la que el Ministerio Público presentó su caso —testimonios, informes balísticos, reconstrucciones y documentos internos—, no se ha difundido públicamente ninguna prueba irrefutable que demuestre que él personalmente ordenó las ejecuciones o que participó directamente en ellas; esta falta de pruebas visuales o periciales vinculantes ha sido utilizada por sus defensores para cuestionar el proceso.
La sentencia, que fue ratificada en 2025, se basó en la lógica de mando y responsabilidad de quien dirigía estos grupos de inteligencia, aunque no pocos se preguntan: ¿fue justicia real o un castigo político en tiempos de crisis institucional?
El exministro del Interior y exabogado de algunos oficiales implicados, Juan José Santiváñez, sostuvo en su momento que la condena se dio sin agotar todas las vías de defensa ni considerar el contexto en el que operaban las unidades especiales de la PNP.
Hasta ahora la sombra de la duda se mantiene. ¿Fue Prado Ravines el autor de un aparato de muerte dentro del Estado? ¿O fue víctima de un sistema judicial necesitado de culpables ejemplares?
