En los últimos meses, se ha registrado un alarmante aumento en el uso de granadas de mano en casos de extorsión, lo que ha puesto en evidencia la posible procedencia de este armamento desde los arsenales de las fuerzas armadas.
Autoridades policiales y de inteligencia han confirmado que gran parte de estos explosivos incautados pertenecen a lotes originalmente asignados al Ejército.
Las investigaciones preliminares indican que estas granadas han sido desviadas de manera ilegal, ya sea mediante robos, ventas clandestinas o actos de corrupción dentro de algunas unidades militares, este hallazgo ha generado preocupación, pues evidencia una grave brecha en los controles de seguridad y almacenamiento de material de guerra.
Las bandas criminales utilizan estas granadas como herramienta de amedrentamiento para obligar a comerciantes y empresarios a pagar cuantiosas sumas de dinero bajo amenaza de atentados.
En los últimos operativos, la Policía Nacional ha logrado incautar varios de estos artefactos en zonas de alto índice delictivo, como Lima, Trujillo y Callao.
El Ministerio del Interior ha anunciado que se está coordinando con el Ministerio de Defensa para realizar auditorías exhaustivas en los almacenes militares, con el objetivo de identificar posibles irregularidades y reforzar las medidas de seguridad, también se ha dispuesto la creación de un grupo especial para rastrear la ruta del tráfico ilegal de estas armas.
Por su parte, el Ejército ha emitido un comunicado asegurando que se están adoptando todas las acciones necesarias para evitar que material bélico caiga en manos de la delincuencia, y ha reiterado su compromiso con la seguridad ciudadana.
Las autoridades instan a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la venta o uso de granadas de mano, a fin de colaborar en la lucha contra el crimen organizado que sigue utilizando este tipo de armamento para sembrar el miedo.
