El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció que su sector viene «impulsado acciones concretas» para «redistribuir» a la población penitenciaria en el país.
Esto, a raíz de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC) en mayo de 2020, durante los primeros meses de la pandemia de la covid-19.
El fallo del TC estableció que «existe un estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en la capacidad de albergue».
Además, el máximo intérprete de la Carta Magna ordenó que, si en 5 años no se adoptaban las medidas para superar ese estado, las cárceles debían cerrarse, empezando por las 6 más sobrepobladas cuando el plazo venciera
Al respecto, Arana cuestionó que, durante más de 10 años, «se dejó de lado la necesidad de una política penitenciaria efectiva», pero subrayó que es el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte el que «rompió esa inercia».
«Hemos rediseñado la política penitenciaria nacional asignando presupuestos para ampliar la cobertura de los establecimientos penitenciaros, para combatir el hacinamiento, el control deficiente y la falta de condiciones mínimas para la rehabilitación (…) Estamos trabajando para redistribuir a la población penitenciaria atendiendo a la sentencia del Tribunal Constitucional», manifestó el titular del MINJUSDH desde el llamado ‘Cuarto de Guerra’.
Sin embargo, el integrante del Gabinete Ministerial no precisó cuánto presupuesto se ha asignado para ampliar los penales o construir nuevas cárceles, ni tampoco detalló cuándo se iniciaría esta redistribución de reos.
