El sistema financiero peruano está en shock tras revelarse un millonario fraude que habría costado al banco BBVA cerca de 200 millones de dólares; la Fiscalía ha confirmado que se trata de una compleja red de empresas de fachada, contratos ficticios y funcionarios corruptos que facilitaron la estafa.
Según el dominical “Punto Final”, la organización criminal operó entre 2018 y 2023 utilizando documentación falsa para obtener créditos, leasing y factoring. El dinero no se usaba para adquirir bienes, sino que era repartido entre empresarios y trabajadores del banco implicados.
Entre los principales sospechosos se encuentra Juan Ricardo Torres Cubas, hoy prófugo, quien ha enviado amenazas por WhatsApp a la fiscal a cargo del caso, Miluska Romero; en el mensaje, Torres le advierte: “Debe meditar su error”, en una clara señal de intento de intimidación.
¿Cómo operaban?
Las empresas involucradas no existían o tenían direcciones falsas, con documentos adulterados —incluyendo balances contables y contratos de leasing ficticios— lograron acceder a fondos millonarios. Una vez aprobados los desembolsos por funcionarios cómplices del banco, el dinero desaparecía en cuentas particulares o se distribuía entre los miembros de la red.
El BBVA detectó la estafa y denunció el hecho en diciembre de 2023. La Fiscalía respondió con un megaoperativo en junio de 2025 para capturar a los implicados, pero solo una persona fue detenida. Las demás lograron huir, aparentemente alertadas desde dentro del sistema judicial.
La Fiscalía ha puesto en la mira a más de 100 personas, incluyendo altos ejecutivos del banco, empresarios, contadores y proveedores falsos. Entre los nombres que ya han sido revelados están los de Marco Antonio Gaitán, Diego Araujo, Christian Bobadilla y los empresarios Camilo y Marcelo Peirano Blondet.
Prófugo amenaza a fiscal
El mensaje del principal sospechoso, Juan Ricardo Torres, fue recibido vía WhatsApp. La fiscalía considera que se trata de un intento de obstrucción de la justicia, y evalúa ampliar la denuncia contra él por amenazas y extorsión; “la investigación continúa y no nos vamos a detener”, declaró la fiscal Romero.
El Ministerio Público prepara la formalización de cargos contra los principales responsables y se prevé que enfrenten acusaciones por estafa agravada, falsificación de documentos, lavado de activos además de pertenencia a organización criminal.
Mientras tanto, crece la presión pública para que se investigue también el posible rol de jueces o trabajadores del Poder Judicial en la filtración del operativo que permitió la fuga de la mayoría de implicados.
Este caso podría ser uno de los fraudes más grandes de la historia bancaria en el Perú.
¿Hasta dónde llegará la red? ¿Quién protegió a los prófugos?
La fiscalía promete llegar hasta el final.
