La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dejó en claro que el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) no frena las investigaciones preliminares contra la presidenta Dina Boluarte. Según explicó, la resolución no impide al Ministerio Público continuar con sus diligencias, siempre que se respete la investidura y la dignidad del cargo presidencial.
En conferencia de prensa, Espinoza precisó que el fallo del TC ordena suspender tres carpetas fiscales vinculadas a la mandataria: el caso Rolex, las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y la presunta organización criminal que involucra a su hermano y al abogado Mateo Castañeda. Sin embargo, recalcó que esas carpetas ya estaban en el Congreso antes de la resolución, por lo que la medida no genera un cambio inmediato en la práctica.
“El TC no ha prohibido investigar, ha establecido pautas institucionales”, enfatizó. El tribunal, añadió, autoriza a los fiscales a continuar con actos como declaraciones, pedidos de información y recopilación de pruebas, siempre que no se afecte el ejercicio de la presidencia ni los derechos fundamentales de quien ocupa el cargo.
67 denuncias en total
La jefa del Ministerio Público también reveló que, hasta la fecha, existen 67 denuncias contra Boluarte. De ellas, 29 fueron archivadas sin que la mandataria tuviera que declarar, otras 29 siguen en trámite y 9 fueron trasladadas al Congreso a través de denuncias constitucionales.
Espinoza insistió en que todas las diligencias se han realizado respetando la investidura presidencial. Recordó que Boluarte ha acudido voluntariamente al Ministerio Público en tres oportunidades, tras coordinar fechas y reprogramaciones. “Nunca se le ha impuesto una situación que ofenda o menoscabe su dignidad”, aseguró.
Para la fiscal, el uso del término “podrá” en la resolución del TC confirma que la Fiscalía conserva su autonomía y margen de acción.
Compromiso internacional contra la corrupción
Espinoza también invocó las obligaciones internacionales del Perú. Recordó que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción obliga a los Estados a investigar presuntos actos ilícitos, incluso si involucran a altos funcionarios. No hacerlo, advirtió, sería una infracción constitucional.
“El Ministerio Público es el único órgano con facultad de persecución penal, y esa labor no se puede paralizar”, afirmó.
Respuesta al primer ministro
Durante la misma conferencia, Espinoza respondió a los cuestionamientos del primer ministro —exministro de Justicia—, quien había expresado dudas sobre la actuación de la Fiscalía. La titular del Ministerio Público le pidió formalidad: “Si tiene observaciones, que presente una denuncia con sustento, no solo declaraciones públicas”.
Aclaró además que gran parte de las denuncias contra la presidenta provienen de ciudadanos y no de iniciativa fiscal, lo que demuestra la obligación de atender cada caso.
Violencia de género: avances y limitaciones
Finalmente, Espinoza aprovechó el evento para presentar un balance de las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer, que hoy funcionan en ocho regiones. La coordinadora Jacqueline Pérez Castañeda destacó que los equipos enfrentan un fenómeno cada vez más brutal y buscan ofrecer respuestas rápidas y sin revictimizar a las víctimas, aunque todavía enfrentan limitaciones de cobertura e independencia.
