La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, emitió este martes 18 de febrero un pronunciamiento en el que alertó a la ciudadanía sobre el grave riesgo que enfrenta la lucha contra la corrupción y la delincuencia en el país.
Espinoza responsabilizó directamente al Congreso de la República por impulsar cambios legislativos que obstaculizarían el trabajo del Ministerio Público, debilitando las herramientas legales para combatir el crimen organizado, el lavado de activos y la corrupción.
El punto central de la controversia es el Proyecto de Ley N° 3577/2022-CR, promovido por el congresista Jorge Morante (Somos Perú) y respaldado por bancadas como Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y el Bloque Magisterial; esta iniciativa propone modificar la Ley de Extinción de Dominio (Decreto Legislativo 1373), lo que podría implicar la anulación de más de 5,500 procesos en curso, 1,200 de ellos ya en etapa judicial.
La Fiscal de la Nación señaló que esta reforma busca, entre otras cosas:
- Excluir de la Ley de Extinción de Dominio los bienes obtenidos ilícitamente en delitos de corrupción, lavado de activos, crimen organizado y delitos ambientales.
- Restringir la incautación de bienes solo a aquellos casos en los que exista una sentencia firme, lo que permitiría a los delincuentes transferir o esconder sus activos con mayor facilidad.
- Reducir el plazo de investigación a cinco años, permitiendo que bienes obtenidos de manera ilegal queden impunes si no se procesan en ese tiempo.
Espinoza explicó que, gracias a la aplicación de la actual Ley de Extinción de Dominio, el Estado ha logrado recuperar más de 560 millones de soles en bienes y dinero vinculados a actividades ilícitas. De aprobarse la reforma, se abriría la puerta para que personajes investigados por corrupción, como Keiko Fujimori y el prófugo Vladimir Cerrón, se beneficien con la devolución de bienes incautados, una situación que la Fiscal calificó de inaceptable.
En su pronunciamiento, Espinoza exhortó al Congreso a «meditar y reflexionar profundamente» antes de aprobar la reforma, ya que ello significaría un grave retroceso en la lucha contra el crimen. Asimismo, manifestó su esperanza de que el Tribunal Constitucional declare infundada la demanda presentada contra la Ley de Extinción de Dominio, pues una resolución favorable a los demandantes beneficiaría directamente a corruptos y organizaciones criminales.
«La justicia no debe dar un paso atrás. Las personas honestas no podemos permitir que la impunidad se imponga. Defendamos nuestros derechos y el futuro de nuestro país», enfatizó la titular del Ministerio Público.
Con este pronunciamiento, la Fiscal de la Nación marca una postura firme frente a un Congreso que, según su advertencia, estaría legislando en beneficio de sectores que buscan debilitar las herramientas de lucha contra la corrupción y el crimen organizado. La ciudadanía, por su parte, queda a la expectativa de las próximas decisiones parlamentarias y judiciales que definirán el futuro de esta polémica iniciativa.
