La polémica gira en torno al fiscal provincial de Casma, Edwin Ramos Herrera, quien autorizó la liberación de Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, presunto autor de la mascre que dejó 13 muertos en la región de Pataz.
Rodríguez Díaz fue intervenido el 16 de diciembre de 2023 junto a otras personas mientras salía de un hotel. En su vehículo, la Policía halló un revólver calibre .22, y en otro auto del grupo se encontró una granada de guerra; sin embargo, el fiscal Ramos determinó que ambas armas estaban en estado inoperativo, basándose en peritajes de balística, y decidió no formular cargos.
La Policía demoró cerca de cuatro horas en notificar al Ministerio Público sobre la intervención, lo que, según Ramos, limitó su accionar, también argumentó que “Cuchillo” no tenía antecedentes ni requisitorias vigentes, y que la ley no permitía retenerlo por más de 48 horas sin pruebas concluyentes.
La entrevista que ofreció al medio Epicentro TV no ha logrado aplacar las críticas. Diversos sectores consideran que existían suficientes elementos para iniciar una investigación formal o al menos dictar detención preventiva, considerando la gravedad de los hallazgos.
Hoy, con 13 víctimas y un país conmocionado, la actuación del fiscal Ramos es vista por muchos como un eslabón clave en una cadena de decisiones cuestionables que facilitaron una tragedia evitable.
