Una reciente resolución del Tribunal Constitucional (TC) ha generado controversia en la gestión del tránsito a nivel local. El máximo intérprete de la Constitución dictaminó que los gobiernos municipales no tienen competencia legal para imponer multas por mal estacionamiento ni para remolcar vehículos con grúas, como lo venían haciendo hasta ahora.
La sentencia, difundida por la Defensoría del Pueblo, anula las ordenanzas de distintos distritos de Lima y otras regiones, al considerar que estas contravienen el principio de legalidad. Según este principio, solo el Estado, a través de normas con rango de ley, puede establecer sanciones en materia de tránsito.
Municipios en desacato: grúas siguen operando
Pese al fallo, en distritos como Jesús María, Pueblo Libre y La Victoria, se siguen viendo grúas en operación y señales que advierten la remoción de autos mal estacionados. En zonas aledañas al Hospital Rebagliati, por ejemplo, los carteles aún advierten sobre posibles sanciones, lo que genera desconcierto entre los conductores.
Algunos ciudadanos entrevistados por Canal N señalaron que, si bien reconocen que muchos estacionan de manera indebida, la aplicación de grúas es desproporcionada, sobre todo en situaciones de emergencia. “No había dónde más estacionar. Estaba con mi esposa en el hospital”, comentó uno de los afectados. Otro agregó: “Sí, a veces nos pasamos, pero eso no justifica que se lleven los carros”.
Advertencia de la Defensoría del Pueblo
Ante el incumplimiento del fallo, la Defensoría del Pueblo ha exigido a las municipalidades que respeten la decisión del TC. Advirtió que el desacato podría tener consecuencias legales, que van desde sanciones administrativas hasta la destitución de los funcionarios responsables.
Mientras tanto, la situación en algunas calles del centro de Lima, como el jirón Cotabambas, revela la dificultad de mantener el orden vehicular sin herramientas coercitivas. Allí, los autos ocupan zonas prohibidas marcadas con líneas amarillas, generando embotellamientos y conflictos.
¿Y ahora qué?
Esta decisión abre un debate urgente sobre el modelo de fiscalización del tránsito en las ciudades. ¿Debe el Ministerio de Transportes asumir un mayor rol? ¿Se deben crear nuevas leyes que autoricen a los municipios a sancionar? Lo cierto es que, por ahora, las municipalidades deberán repensar su estrategia sin recurrir a medidas que el TC considera inconstitucionales.
La ciudadanía, por su parte, pide reglas claras y soluciones prácticas que garanticen el orden sin vulnerar derechos ni exceder competencias.
