Inaugurado con bombos y platillos en medio de discursos grandilocuentes el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez debía ser un hito para el país pero se ha convertido en un símbolo de improvisación, falta de transparencia y disputas sin fin entre el Estado y la empresa concesionaria Lima Airport Partners (LAP).
Lo que debía ser una moderna puerta de entrada al Perú ha terminado siendo una estructura aún sin terminar. Las quejas de los usuarios se multiplican: accesos provisionales, mangas inoperativas, cortes eléctricos, filtraciones de agua y servicios inconclusos.
La pista de rodaje principal no está terminada, y ni siquiera se cuenta con transporte público directo ni un puente definitivo de acceso. A pesar de estos graves problemas, el terminal fue inaugurado a toda prisa.
Una infraestructura a medias
Los usuarios deben llegar por vías provisionales, cruzando zonas aún sin pavimentar o mal señalizadashy dentro del nuevo edificio, se han reportado fallas eléctricas, problemas en los sistemas de aire acondicionado y carencia de espacios adecuados para la cantidad de pasajeros.
Varios vuelos aún enfrentan retrasos por las limitaciones operativas, y muchas aerolíneas expresaron su incomodidad con el traslado forzado al nuevo espacio.
Las denuncias también apuntan a que, pese a haber cerrado el antiguo terminal, no se ha implementado ninguna solución real de transporte que facilite el acceso, los pasajeros deben depender de taxis caros o servicios informales. El puente Santa Rosa, clave para conectar el aeropuerto con la ciudad, recién estaría listo en 2027.
Un juego de culpas
El Estado y LAP se acusan mutuamente. Mientras el Ministerio de Transportes señala que la empresa no cumplió con los estándares esperados, LAP asegura que el Estado impuso decisiones poco técnicas, rechazó propuestas más eficientes y no cumplió con su parte de las obras, especialmente los accesos y servicios públicos externos.
Lo que es evidente para todos los peruanos es que la inauguración fue apresurada y que las consecuencias las paga el ciudadano común: más tiempo de espera, más costos, menos comodidad y una experiencia que dista mucho de lo que se prometió.
¿Y ahora?
El Jorge Chávez, tal como está hoy, no es un aeropuerto de clase mundial y lo más preocupante es que nadie parece asumir la responsabilidad por este fracaso compartido. LAP defiende su versión y mientras el Estado intenta lavarse las manos los usuarios, como siempre, quedan atrapados en medio.
El Perú merecía un aeropuerto que esté a la altura de su gente y de su potencial turístico y comercial pero lo que tenemos, por ahora, es un terminal funcional pero precario, nuevo pero incompleto, y un conflicto que amenaza con extenderse más allá de las pistas.
