Se recabará la declaración de Hurtado, así como su información comercial, financiera, bancaria y/o tributaria de enero de 2019 hasta agosto de 2024.

La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos inició este lunes diligencias preliminares contra el conductor de televisión Andrés Hurtado, más conocido como ‘Chibolín’, por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado.

El Ministerio Público informó, a través de sus redes sociales, que se recabará la declaración del investigado, así como su información comercial, financiera, bancaria y/o tributaria de enero de 2019 hasta agosto de 2024.

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Además, se tiene programado recibir la declaración de los testigos Javier Miu Lei, Ana Siucho, Francisco Siucho, Roberto Siucho, entre otros involucrados.

La Fiscalía también pedirá a Sunarp y Cofopri, como parte de las diligencias preliminares, las copias de partidas registrales de bienes muebles e inmuebles registrados a nombre de Andrés Hurtado.

Recientemente, el Poder Judicial ordenó el impedimento de salida del país por 15 días en contra de ‘Chibolín’. La medida también incluye a la fiscal Elizabeth Peralta, Iván Siucho y Augusto Miu Lei.

Todos estos personajes están involucrados en los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho activo específico en agravio del Estado.

Riccardo Cascioli

Nuevo escándalo en el Vaticano: desde que Robert Prevost fue nombrado prefecto del Dicasterio para los Obispos en 2023, se han multiplicado los intentos de borrar el rastro de su encubrimiento de dos sacerdotes acusados de pederastia en la diócesis de Chiclayo (Perú). A todo ello hay que sumarle la “persecución” del abogado de las presuntas víctimas y el nombramiento de un obispo “amigo”.

Acusaciones de abusos contra dos sacerdotes y acusaciones contra el obispo de encubrirlos. En sí mismo, desgraciadamente, no es nada nuevo. Pero si el obispo en cuestión es nombrado por Roma como prefecto del Dicasterio para los Obispos en medio del escándalo, el asunto se vuelve objetivamente muy grave. Y si posteriormente como prefecto de los obispos, se nombra obispo en su antigua diócesis a un amigo suyo que empieza a borrar rastros, la cosa se vuelve más que sospechosa.

Y éste es exactamente el caso del cardenal Robert Prevost, agustino, obispo de Chiclayo (Perú) hasta que el 30 de enero de 2023 el Papa Francisco lo puso al frente del Dicasterio que preside el nombramiento de todos los obispos del mundo, cargo que asumió de hecho el 12 de abril siguiente junto con el de presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. El birrete cardenalicio lo recibió en el Consistorio del 30 de septiembre de 2023.

Pero vayamos por orden: según los testimonios jurados de tres víctimas que han llegado a manos de la Brújula Cotidiana, los hechos denunciados ocurrieron entre 2006 y 2010 y los responsables fueron dos sacerdotes de la diócesis de Chiclayo, a unos 600 kilómetros al norte de la capital Lima: el padre Eleuterio Vásquez Gonzales, conocido como el padre “Lute”, y el padre Ricardo Yesquen. Las víctimas que interpusieron la denuncia fueron tres jóvenes, niñas de entre 10 y 14 años en el momento de los abusos: tres hermanas, que decidieron denunciar tras descubrir años después que todas habían sufrido abusos similares.

La más decidida de las tres fue Ana María Quispe Díaz, que ya se había puesto en contacto telefónico con el obispo Robert Prevost a principios de 2020 para denunciar el comportamiento de los dos sacerdotes y especialmente del padre Lute, en el momento de los hechos párroco de San José Obrero, en el distrito de Victoria, y muy conocido en la diócesis. El modus operandi del padre Vásquez fue similar con las tres niñas: se las arreglaba para que lo acompañasen a alguna misión en parroquias distantes, donde tenían que pernoctar y, casualmente, sólo había una cama para compartir. Allí comenzaban los abrazos, los manoseos y los roces genitales.

Las restricciones debidas a la pandemia impidieron un encuentro en persona entre Ana María y el obispo, encuentro que finalmente tuvo lugar el 5 de abril de 2022 en la sede episcopal de Chiclayo, con la presencia de las tres hermanas. Prevost, que curiosamente también fue el autor de las Directrices de la Conferencia Episcopal Peruana para el tratamiento de casos de abuso sexual, dirige a las mujeres al centro de escucha que acaba de crear y -según los testimonios de las presuntas víctimas- las invita a presentar una denuncia ante las autoridades públicas porque “no había forma de que la Iglesia investigara y sólo las investigaciones civiles podían ser utilizadas por la Iglesia para sancionar” a los eventuales autores. Lo cual, como sabemos, no es cierto, porque las investigaciones canónicas son independientes de las civiles. Pero denunciarlo a la policía local no conduce a nada porque el posible delito había prescrito (la prescripción de estos delitos, en Perú como en casi toda Latinoamérica, es de 4 años). Mientras tanto, sin embargo, en junio de 2022, el padre “Lute” es trasladado a su parroquia natal de Santa Cruz, oficialmente por motivos de salud. En cuanto al padre Yesquen, no se pudo hacer nada porque sufría de demencia senil y ya llevaba algún tiempo en una residencia de ancianos.

En defensa de Prevost, la diócesis de Chiclayo, en un comunicado fechado el 10 de septiembre de 2024, tras una investigación del programa Cuarto Poder emitido el 8 de septiembre por América Televisión, ha afirmado que el obispo había “adoptado medidas cautelares” de inmediato, iniciando “investigaciones preliminares” y expulsando al padre Lute con “inhabilitación para el ejercicio del ministerio sacerdotal”. Esta circunstancia fue inmediatamente desmentida al día siguiente por las tres jóvenes, que en otro comunicado aportaron pruebas fotográficas de la presencia del padre Vásquez en diversas celebraciones eucarísticas entre marzo y abril de 2023, incluso en la Misa Crismal de la diócesis, cuando Prevost ya había sido nombrado prefecto y era administrador apostólico de la diócesis, a la espera de trasladarse a Roma.

La diócesis también afirma que todo el material relativo a la investigación diocesana fue enviado a Roma a la oficina competente del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que posteriormente archivaría el caso.

Pero las tres jóvenes afirman que nunca han sido escuchadas por ningún “investigador” y que no hay constancia de esta investigación ni de ningún examen por parte del Dicasterio vaticano. La única vez que han podido contar su historia ante un investigador designado oficialmente por la diócesis fue cuando el administrador apostólico sucesor de Prevost, el obispo Guillermo Cornejo Monzón, abrió (“reabrió” según la diócesis) la investigación en diciembre de 2023 después de que Ana María Quispe Díaz, desesperada ante el silencio de la diócesis, hiciera pública su historia a través de las redes sociales, descubriendo también al menos otros siete casos de niñas supuestamente abusadas por los dos sacerdotes.

Sin embargo, según la diócesis, los documentos relativos al caso se han remitido de nuevo al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, donde siguen a la espera de ser examinados.

Queda, pues, por aclarar el asunto, incluida la responsabilidad de monseñor Prevost en el presunto encubrimiento; pero hay algunos hechos indiscutibles y lo que ha sucedido desde el nombramiento de Prevost como prefecto es, cuando menos, inquietante. Además, recuerda a otros sucesos poco edificantes de este pontificado, como el caso de monseñor Gustavo Zanchetta (aquí y aquí) o el del padre Marko Rupnik.

Lo cierto es que desde la primera denuncia en 2020 no ha habido ningún movimiento por parte de Prevost para aclarar el fondo de las acusaciones, y las restricciones debidas a la pandemia ciertamente no justifican la inacción. E incluso después de la denuncia formal en abril de 2022 no se ha hecho realmente nada concreto, ya que la diócesis todavía no ha podido demostrar que se haya iniciado una investigación canónica y que las tres presuntas víctimas hayan declarado.

Pero, sobre todo, sorprende el momento del nombramiento de Prevost como Prefecto del Dicasterio para los Obispos: en enero de 2023, el caso aún no había saltado a la prensa internacional, pero en la Iglesia peruana el asunto ya era conocido y, según ha podido averiguar la Brújula Cotidiana, incluso el Pontífice había sido advertido del riesgo. Y si todo esto no fuera suficiente, ya se conocían dos casos bochornosos relacionados con monseñor Prevost en la época en que era superior general de los agustinos (mandato que ejerció entre 2001 y 2013), que hacían referencia al encubrimiento de dos sacerdotes agustinos acusados de abusos sexuales: el padre Richard J. McGrath (caso que se hizo público en 2018 y por el que la orden agustina pagó 2 millones de dólares de indemnización a la víctima); y el padre James Ray, posteriormente reducido al estado laical en 2012, pero cuya vinculación con Prevost fue revelada en la prensa a principios de 2021. Cabe señalar que, en ambos casos, Prevost también estaba vinculado al actual arzobispo de Chicago, el cardenal Blaise Cupich, conocido por su cercanía al papa Francisco.

Por tanto, dado el contexto, el nombramiento de Prevost parece cuanto menos arriesgado, si no francamente inapropiado, en un puesto tan delicado como el de la elección de los obispos del mundo. Pero lo peor viene después: poco después de que el administrador apostólico monseñor Cornejo Monzón abriese la investigación del caso (diciembre de 2023), llega el nombramiento del nuevo obispo de Chiclayo. El 14 de febrero de 2024, el papa nombra a monseñor Edinson Farfán Córdova, quien llevaba apenas cuatro años como obispo de la prelatura de Chuquibambilla. ¿Cuál es el problema? Simplemente que Farfán es agustino como Prevost, amigo personal suyo, y el propio Prevost participó en la consagración episcopal de Farfán. No sólo eso, en Chuquibambilla monseñor Farfán ha sido acusado de encubrir los abusos de otro sacerdote agustino, don Juan Carlos Olaya.

En la práctica, el cardenal Prevost hizo nombrar como su sucesor a uno de sus amigos y correligionarios, quien de hecho se dedicó de inmediato a “limpiar” el pasado del Prefecto. No sólo levantó un muro de silencio contra los periodistas que intentaron investigar las acusaciones contra el padre Lute, decidiendo finalmente publicar un comunicado el 10 de septiembre que las tres presuntas víctimas impugnaron rápidamente. Además, obstaculizó por todos los medios la labor del abogado canónico, monseñor Ricardo Coronado Arrascue, quien desde el 6 de mayo de 2024 asumió la tutela legal de las tres mujeres que acusan al padre Lute y al cardenal Prevost: primero negándose a recibirlo y luego rechazando la legitimidad de su nombramiento, para poder negarle el acceso a los documentos relativos a la investigación.

No sólo eso, se ha orquestado un verdadero ataque contra Coronado: el 24 de agosto, la Conferencia Episcopal Peruana anunció que monseñor Coronado ya no podía ejercer como canonista en el Perú y, por lo tanto, no podía seguir defendiendo a sus actuales clientes. Una decisión que curiosamente se anticipaba a la carta del 29 de agosto en la que el obispo de Cajamarca (diócesis a la que pertenece el canonista) le comunicó que se había abierto un expediente contra él en el Dicasterio del Clero en el Vaticano por un presunto delito no especificado “contra sextum” (pero fuentes de la Brújula Cotidiana hablan de una relación estable y consentida con un adulto); y que el mismo Dicasterio le ofrecía la posibilidad de hacer una petición voluntaria al Papa para solicitar la dispensa del sacerdocio so pena de “el inicio de un proceso penal administrativo”. A continuación, un comunicado del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal publicado el 14 de septiembre justifica precisamente con el inicio del proceso penal la decisión de prohibir a Coronado trabajar en los tribunales eclesiásticos anunciada el 24 de agosto. Si pensamos en la lentitud y reticencia del Vaticano ante los recientes escándalos de abusos sexuales, sorprende y resulta más que sospechosa la rapidez y severidad de las medidas contra monseñor Coronado (que, por otra parte, rechaza todas las acusaciones), dado además que no se trata de abusos, sino posiblemente de relaciones consentidas entre adultos.

En definitiva, hay motivos suficientes para exigir que se arroje luz sobre el asunto y para preguntarse si es oportuno mantener en su puesto al cardenal Prevost mientras tanto.

* Publicado originalmente Brújula Cotidiana

Un total de 15 personas han fallecido y otras 98 han resultado heridas en lo que va del año a consecuencia de los incendios forestales que se han reportado en 22 regiones del Perú, reveló el coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), Martín del Castillo.

Al hacer un balance de las emergencia ambientales causadas por los siniestros, Del Castillo indicó que en lo que va del año se han registrado 233 incendios forestales. De este total, 32 siguen activos, 179 han sido extinguidos y 23 están controlados.

El funcionario agregó que la región más afectada por los incendios forestales activos es Amazonas con 9 siniestros, le siguen San Martín con seis y Áncash con cuatro.

En cuanto a los daños causados por los incendios forestales, el coordinador del COEN manifestó que 1,485 hectáreas de cultivos fueron arrasadas por los incendios forestales, mientras otras 1,264 hectáreas resultaron afectadas. Con respecto al ganado, se han perdido 334 ejemplares y otros 4,347 han resultados afectados.

Por último, indicó que en cuanto a la cobertura natural (árboles y pastos) el fuego ha arrasado con 2,257 hectáreas y ha afectado otras 2,148 hectáreas.

Del Castillo advirtió que si bien se prevé la presencia de lluvias en algunas zonas de la selva, estás precipitaciones no serán suficientes para sofocar los incendios forestales.

“Este aviso del Senamhi concluye mañana y luego empieza otro periodo seco y eso va a favorecer la propagación de incendios forestales. De acuerdo al calendario de peligros, estamos en el periodo donde se presenta el mayor número de incendios forestales en el año. Este empieza a fines de agosto y concluye en octubre. Estamos en una época donde hay pocas lluvias, se incrementa la temperatura y hay vientos fuertes, condiciones que favorecen los siniestros”, aseveró.

En ese sentido, hizo un llamado a los gobiernos locales y regionales para que realicen una campaña de sensibilización para que la población evite hacer fuego que luego se sale de control.

Por su parte, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Juan Carlos Urcariegui, ratificó el balance de daños reportados por el COEN y agregó que posiblemente otras entidades manejan cifras distintas pero lo que maneja el COEN-Indeci está registrada en el Sinpad (Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación).

Sostuvo que para la extinción de los incendios forestales han participado más de 4,500 personas, entre miembros del Ejército, personal de Defensa Civil, bomberos, policías, trabajadores del Serfor y pobladores capacitados.