Ricardo Romero Talledo, exjefe de la Oficina Comercial del Perú (OCEX) en Londres, fue destituido por hostigamiento sexual contra un subordinado pero pesar de la gravedad de los hechos y de las pruebas presentadas que incluyen audios explícitos, su nombre sigue apareciendo oficialmente como representante de PromPerú en Reino Unido e Irlanda.
PromPerú emitió la resolución en abril de este año, no deja lugar a dudas y en sus 76 páginas se detalla un comportamiento persistente de acoso en el que Romero cruza todos los límites éticos y profesionales dejando en evidencia el uso de su cargo para ejercer presión y crear un ambiente laboral hostil.
Los audios fueron grabados por la víctima en mayo de 2021 —con frases como «I want to date you» o «I’m going crazy»— y fueron clave en el proceso.
La investigación concluyó que estos mensajes tenían una connotación inequívocamente sexual y que, tras el rechazo del denunciante Romero habría tomado represalias contra la vícitima, incluyendo recortes salariales superiores a los S/ 9,000 y vacaciones forzadas.
Lo más es que no se trataría de un caso aislado, testimonios recogidos por el área de recursos humanos de PromPerú y por diversos medios de prensa revelarían un patrón de conducta similar cuando Romero dirigió la oficina en Los Ángeles. No se conoce si estos casos fueron igualmente denunciados o encubiertos pero el silencio institucional parece haber sido la norma.
Hoy a pesar de que el caso se encuentra en apelación ante el Tribunal de SERVIR, el funcionario continúa figurando en bases de datos oficiales y redes profesionales como si nada hubiera pasado; tendríamos que preguntarnos: ¿Por qué PromPerú no ha actualizado esta información? ¿Qué garantías tienen los trabajadores en el extranjero frente a este tipo de abusos cuando la propia institución se demora en limpiar su registro?
El silencio institucional tiene propósito, refleja la dinámica interna de la institución que tolera el abuso mientras no estalle públicamente y que recién reacciona cuando el escándalo es inevitable.
La pregunta ahora es si PromPerú y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo asumirán su responsabilidad política y administrativa ante este vergonsozo caso.
