Entrega de terrenos se efectuó en Ucayali a supuestos agricultores de Masisea.
Una grave denuncia realizó la Contraloría General de la República (CGR), a través de su Gerencia de Control en la Región Ucayali, al informar sobre la pérdida de unas 3,000 hectáreas de bosques de Selva Virgen y tierra de comunidades nativas mediante una adjudicación con visos de ilegalidad a supuestos agricultores.
El gerente regional de control de Ucayali, Eder Díaz Chávez, señaló que a través de un informe de control realizado a la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional (Gore) se ha detectado un proceso de formalización de adjudicación de terrenos realizado en la localidad de Masisea, en el que no se habría cumplido con las condiciones que se requieren.
Indicó que la adjudicación se realizó en el marco del Decreto Legislativo 1089, que establece el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales, en el que se establecen pasos y condiciones previas a cumplir para la adjudicación de predios agrícolas, pero que no se habrían cumplido.
Según el Informe de Control Específico N°040-29080-CG/GRUC-SCE, entre los años 2015 al 2018, el director de la Dirección Regional de Agricultura dispuso la ejecución del procedimiento de formalización en el sector 15 carretera Masisea – Imiría, validando las etapas previas como la determinación de la unidad territorial y el diagnostico físico legal, aun cuando estos no se habían elaborado en el marco del Decreto Legislativo N° 1089 que establece el régimen de formalización y titulación de predios rurales.
El procedimiento se inició a pesar que la cobertura boscosa en la zona era predominante, con un 64.13% el año 2014, y para el 2015 con 63.88%.
Además, cuando el informe de diagnóstico físico legal no contenía información de los antecedentes, investigación registral, verificación de existencia de superposición, y tampoco evidenció la existencia de territorio de comunidades nativas y áreas de conservación.
El equipo de auditores determinó que como resultado de la labor de formalización iniciada se generaron 35 predios que presentaban cobertura boscosa total o predominante. Además, 34 predios se superponían a los territorios de las comunidades nativas “Buenos Aires” y “Caimito”.
Finalmente, como resultado de este procedimiento de formalización la entidad llegó a registrar 75 predios ante los Registros Públicos, donde 41 de ellos a la fecha fueron cedidos a la Asociación Colonia Menonita Cristiana Agropecuaria Masisea.
Se identificó responsabilidad penal en 6 ex funcionarios de la Dirección Regional de Agricultura. La ciudadanía puede tener acceso a los informes de control que emita la Contraloría General de la República en el Buscador de Informes de Servicios de Control.
«De la investigación realizada, las condiciones previas ni el proceso se habrían cumplido a cabalidad, lo que ha generado la adjudicación las 3,000 hectáreas de tierras a supuestos agricultores» remarcó en una entrevista a través de Tv Perú.
El funcionario precisó que tal como se hizo la adjudicación, no se cumplió con la actividad agrícola previa ni en un plazo determinado, como establece la norma y que aún así se llevó a cabo el proceso de entrega de las 3,000 hectáreas de terreno.
«Las tierras adjudicadas incluyen territorios de cobertura boscosa, de comunidades nativas y áreas de conservación y todo esto, ha tenido una afectación del patrimonio nacional«, enfatizó.
Díaz Chávez agregó que posteriormente, a través de procesos registrales, los terrenos han terminado en manos de la colonia menonita.
Dijo que los terrenos, tras una verificación de campo de la Contraloría, están dedicados en la actualidad, a fines agrícolas a cargo de la colonia menonita.
Eder Díaz manifestó posteriormente que el informe de control será entregado a la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y sea acumulado en el proceso que ha abierto para investigar y determinar a los responsables de la adjudicación de los terrenos.
Convocatoria
De otro lado, el gerente regional de control, anunció que se abierto la convocatoria para cubrir 73 plazas de la Contraloría en la región, dirigidas principalmente a profesionales en ingeniería, economía, contabilidad, derecho entre otros.
La inscripción de manera virtual es hasta el 16 de febrero y las plazas cubiertas permitirán realizar el control concurrente de las obras y recursos que están en ejecución en la región.
