La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha iniciado una nueva investigación contra los fiscales supremos Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, así como contra el fiscal superior Rafael Vela, esta medida se basa en declaraciones del exasesor Jaime Villanueva Barreto realizadas en 2024.
Según el documento emitido el 21 de marzo, el caso ha sido declarado complejo, por lo que la investigación tendrá un plazo de ocho meses.
Las imputaciones incluyen a Pablo Sánchez, a quien se señala por supuestas coordinaciones en 2018, cuando encabezaba el Ministerio Público, para archivar el caso Chinchero.
Esta investigación giraba en torno a irregularidades en la construcción del aeropuerto de Cusco y tenía como implicado a Martín Vizcarra, entonces ministro de Transportes; de acuerdo con Villanueva, el asesor de Sánchez, Alejandro Silva, habría negociado con el congresista César Villanueva para evitar que la investigación se formalizara, permitiendo así que Vizcarra asumiera la Presidencia tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski.
Asimismo, Sánchez ha sido incluido en una investigación por su presunta interferencia en el allanamiento a un local de Fuerza Popular en 2017. Villanueva sostiene que el entonces fiscal de la Nación intentó frenar la diligencia.
Por otro lado, Zoraida Ávalos es cuestionada por no haber abierto una investigación contra Vizcarra cuando era fiscal de la Nación, pese a haber sido informada de acusaciones de sobornos durante su gestión como gobernador de Moquegua. Villanueva asegura que el fiscal Rafael Vela le informó del testimonio de un colaborador eficaz sobre Vizcarra, pero que Ávalos ordenó no proceder con la indagación.
Vela también enfrenta cargos, pues se le atribuye un posible cohecho por una reunión que sostuvo con Juan Carrasco Millones cuando este era ministro de Defensa en el gobierno de Pedro Castillo. Según Villanueva, en dicho encuentro se habló sobre el respaldo a la gestión de Castillo en medio de las investigaciones en su contra.
Cabe recordar que, en febrero pasado, Espinoza archivó una investigación contra Sánchez por presunta interferencia en una diligencia realizada en IDL en 2018, luego de que este recibiera una llamada del periodista Gustavo Gorriti. Además, en febrero también abrió un proceso contra Ávalos y Vela por supuestamente favorecer a Odebrecht en el acuerdo de colaboración eficaz.
