Locales

Delia Espinoza denuncia leyes “pro crimen” y alerta sobre quiebre institucional

Fiscal de la Nación rechaza debilitamiento de extinción de dominio y procesamiento penal a menores

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, alzó su voz este lunes durante el aniversario del Ministerio Público para criticar duramente una serie de leyes aprobadas por el Congreso y promulgadas recientemente, que —según denunció— favorecen a la impunidad, debilitan la lucha contra el crimen y comprometen la autonomía del Ministerio Público.

Espinoza rechazó especialmente dos nuevas leyes:

  • La que debilita la extinción de dominio, al exigir sentencia penal firme para decomisar bienes ilícitos, lo que permitiría a investigados seguir usufructuando sus ganancias ilegales.
  • La que reduce la edad de responsabilidad penal para adolescentes de 16 y 17 años, contraviniendo tratados internacionales de protección a menores.

“Si seguimos este camino, ¿vamos a seguir bajando la edad para castigar como adultos a niños de 15, 14 o 12 años? Ese es un error que aún podemos corregir”, advirtió.

Alerta sobre quiebre de poderes

Espinoza también alertó sobre la propuesta del Congreso que permitiría suspender a altos funcionarios con apenas 50 votos, lo que —dijo— sería un “quiebre de la separación de poderes” y una amenaza directa a la independencia de las instituciones.

Listado de leyes “pro crimen”

En su intervención, la fiscal enumeró una serie de normas que, según indicó, debilitan la persecución penal y favorecen al crimen organizado:

  • Ley 31751 (Ley Soto): Reduce plazos de prescripción de delitos.
  • Ley 31990: Afecta la colaboración eficaz.
  • Ley 32107: Permite prescripción de crímenes de lesa humanidad.
  • Leyes 32108 y 32138: Reconfiguran requisitos para probar organización criminal.
  • Ley 32130: Transfiere la investigación preliminar a la PNP.
  • Ley 32182: Sanciona a jueces y fiscales que liberen a detenidos en flagrancia.

Espinoza recordó que su institución ha presentado demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y pidió al Parlamento reevaluar estas normas, tal como ocurrió con la derogatoria de la detención preliminar judicial.

“No vamos a permitir que estas leyes nocivas sigan vigentes. La lucha contra el crimen requiere decisión y coherencia, no retrocesos”, concluyó.