En una polémica decisión, la Comisión de Educación del Congreso aprobó por mayoría un dictamen que establece el “ciclo cero” como la única modalidad de ingreso a las universidades públicas y privadas del país. Esta medida, impulsada principalmente por los congresistas Waldemar Cerrón y Segundo Montalvo, ha sido duramente criticada por expertos y autoridades del ámbito educativo, quienes advierten que atenta contra la autonomía universitaria, consagrada en la Constitución.
El llamado “ciclo cero” consiste en que los postulantes deberán cursar un semestre académico en los centros preuniversitarios de las universidades. Solo quienes aprueben con nota mínima de 13 obtendrán una vacante. Según los impulsores, este sistema busca democratizar el acceso a la educación superior, promoviendo la “igualdad de condiciones” para los jóvenes de sectores populares.
Sin embargo, la iniciativa ha encendido las alarmas en la comunidad académica. Luis Lescano, presidente del Consejo Nacional de Educación, ha sido enfático en señalar que este dictamen impone de manera arbitraria una forma única de admisión, lo que viola el derecho constitucional de las universidades a autogobernarse. “Se pretende establecer costos, duración, cursos y formas de evaluación desde el Congreso, lo cual es una clara intromisión en la gestión universitaria”, denunció.
En la misma línea, la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (AUNAP) rechazó la propuesta por considerarla ilegal e inconstitucional, advirtiendo que el proyecto podría desmantelar los actuales sistemas de admisión sin ofrecer una alternativa estructurada ni financiada. “El ciclo cero implica un gasto adicional de recursos humanos, infraestructura y logística que muchas universidades no pueden asumir sin afectar su funcionamiento”, señalaron en un comunicado.
Asimismo, críticos apuntan a que el dictamen parece ignorar la diversidad de contextos regionales. Universidades con tradición en exámenes de admisión rigurosos o con programas especiales para talento académico quedarían obligadas a aplicar un sistema uniforme, sin margen de adaptación.
Para muchos analistas, esta propuesta representa un paso más en la creciente politización del sistema universitario, promovida desde el Congreso con iniciativas que no consultan ni al Ministerio de Educación ni a las propias universidades.
El dictamen aún debe pasar por el Pleno del Congreso para ser debatido y aprobado. Mientras tanto, crecen las voces que exigen su archivamiento inmediato por representar un grave retroceso en la defensa de la autonomía universitaria y una amenaza al principio meritocrático en el acceso a la educación superior.
