Con 15 votos a favor y una abstención, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó admitir a trámite la denuncia constitucional 580, presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra el expresidente Martín Vizcarra.
La acusación se centra en la compra masiva de más de un millón de pruebas rápidas (serológicas) para detectar COVID-19 durante los primeros días de la pandemia, decisión que, según múltiples informes, habría tenido consecuencias fatales para miles de peruanos.
Una decisión cuestionada desde el inicio
El 18 de marzo de 2020, en una reunión encabezada por el entonces presidente en el Ministerio de Economía y Finanzas, se decidió optar por las pruebas rápidas ante la supuesta escasez de pruebas moleculares (PCR). La entonces ministra de Economía, María Antonieta Alva, lideró el encuentro junto a ministros, funcionarios y empresarios.
Al día siguiente, la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, presentó su renuncia. Según trascendió, su salida se debió a su desacuerdo con esa decisión, considerada por muchos como antitécnica.
El 21 de marzo, el Estado firmó órdenes de compra por más de 23 millones de soles para adquirir 1.4 millones de pruebas serológicas. Las empresas más beneficiadas fueron Nipro Medical y Multimedical Supplies.
Se ignoraron propuestas más eficaces
Solo días después, el 25 de marzo, el Gobierno rechazó una propuesta para adquirir 500 mil pruebas moleculares de una empresa coreana, pese a que la comunidad científica insistía en que las pruebas rápidas no eran útiles para contener una pandemia, pues solo detectaban anticuerpos y no el virus, dando falsos negativos en las etapas tempranas de la infección.
A pesar de las advertencias, el Gobierno de Vizcarra continuó impulsando su uso.
Una denuncia que alcanza a varios exministros
Además de Vizcarra, la denuncia también alcanza a su exministro de Salud, Víctor Zamora, y a la exministra de Economía, María Antonieta Alva, por aprobar y defender públicamente esta estrategia.
La denuncia podría llevar a una nueva inhabilitación política de hasta 10 años para Vizcarra, quien ya enfrenta varias sanciones previas por otros procesos.
¿Quién responde por las muertes?
Informes de la Contraloría, investigaciones periodísticas y documentos oficiales advierten que esta decisión habría costado cientos o incluso miles de vidas. A cinco años del inicio de la pandemia, el Congreso reabre el debate sobre uno de los episodios más trágicos y polémicos de la gestión de Vizcarra.
