El reciente rechazo del préstamo de 300 millones de soles del Banco Mundial por parte del ministro César Vásquez no solo puso en entredicho la capacidad de gestión del Ministerio de Salud (Minsa), sino que también reflejó una preocupante irresponsabilidad que podría haber tenido repercusiones graves para el sistema sanitario del país.
El ministro justificó su postura argumentando que el préstamo venía acompañado de condiciones que implicaban la reestructuración del equipo técnico del proyecto, una «imposición» que, según él, era inaceptable pero, más allá de las críticas a los funcionarios que integraban este equipo, resultó sorprendente que un proyecto tan relevante para la infraestructura sanitaria del país estuviera a punto de naufragar por una cuestión administrativa, sin considerar el impacto real en la vida de millones de peruanos.
La defensa casi caprichosa de funcionarios cuestionados, como Consuelo Perales Mesta —quien fue contratada a pesar de denuncias de presunta malversación de fondos—, parecía haber sido el detonante de la ruptura. Aunque nos informan que Perales fue separada del proyecto el pasado jueves, aún no existe información oficial al respecto, ni un comunicado formal del Minsa o del Banco Mundial que confirme si esta medida permitirá reactivar el convenio.
Más allá de este ajuste de último momento, la crisis deja en evidencia el nivel de improvisación en la gestión del sector Salud; la acusación de «ineficiencia» y «corrupción» dentro del Minsa puede ser válida en algunos casos, pero no justifica haber puesto en riesgo un financiamiento vital para fortalecer la infraestructura hospitalaria en un país que aún enfrenta profundas carencias.
El rechazo inicial al préstamo —en un país donde claramente no sobra el dinero— pareció más un gesto de orgullo político que una decisión basada en los intereses de la población. ¿Realmente estamos en condiciones de rechazar recursos que fortalecerían hospitales, postas médicas y servicios de emergencia, solo por una disputa sobre quién debe dirigir los proyectos?
Además, el Minsa envió un mensaje riesgoso a la comunidad internacional: que en el Perú, las condiciones de transparencia y eficiencia exigidas por los prestamistas pueden ser interpretadas como «imposiciones» inaceptables. De no haberse corregido, este precedente habría tenido efectos desastrosos sobre futuros préstamos y cooperaciones multilaterales.
El ministro César Vásquez tiene ahora una oportunidad para corregir el rumbo. Pero la pregunta sigue siendo: ¿será suficiente? ¿O el costo de este capricho político ya es irreversible?
La salud de todos los peruanos no puede depender de luchas internas ni de decisiones impulsivas. Exigimos claridad, responsabilidad y, sobre todo, resultados concretos.
