Entre abril de 2024 y mayo de 2025, el Ministerio de Educación (Minedu) tomó medidas drásticas para proteger la integridad de los estudiantes al separar de sus funciones a 972 personas —831 docentes y 141 trabajadores administrativos— que enfrentaban condenas o procesos judiciales por delitos como violación sexual, terrorismo, feminicidio, homicidio y otros crímenes graves. Estas personas laboraban en 844 colegios públicos y 128 privados.
Según el informe oficial, 162 de estos trabajadores contaban con sentencias firmes emitidas por el Poder Judicial y fueron desvinculados de manera definitiva.; los otros 810, que aún están bajo investigación o en proceso judicial, fueron separados de manera preventiva mientras se resuelve su situación legal.
Los delitos más recurrentes entre los implicados son la violación a la libertad sexual (703 docentes y 112 administrativos), seguidos por casos relacionados con terrorismo y apología del terrorismo (62 docentes y 13 administrativos). También se identificaron procesos por tráfico ilícito de drogas (18 docentes y 4 administrativos), homicidio doloso (14 docentes y 6 administrativos), proposiciones sexuales a menores mediante medios digitales (2 docentes y 9 administrativos), feminicidio (2 docentes) y parricidio (1 trabajador administrativo con sentencia firme).
Estas acciones se amparan en la Ley N.° 29988, que impide la permanencia de personas condenadas por delitos graves como terrorismo, abuso sexual y narcotráfico en instituciones educativas, sean públicas o privadas.
Además, el Minedu ha bloqueado en su sistema de administración de plazas a otros 2,086 docentes que están siendo investigados por presuntas faltas muy graves, incluidas acusaciones por violación y terrorismo. Esta medida evita que puedan ser contratados o nombrados mientras se evalúan los casos.
