En busca de facilitar el acceso a la educación superior y reducir las barreras económicas que enfrentan los estudiantes, el Congreso de la República recibió un nuevo proyecto de ley que plantea la expedición gratuita del carnet universitario y del carnet de instituto superior a nivel nacional. La iniciativa fue presentada por el congresista Waldemar Cerrón (Perú Libre) y propone modificar el artículo 5 de la Ley N° 26271, que regula los pases libres y pasajes diferenciados en transporte urbano e interurbano.
¿En qué casos aplicaría el beneficio?
De acuerdo con el proyecto, la entrega gratuita se aplicaría por única vez a los estudiantes universitarios y de institutos superiores. El carnet tendría una vigencia de dos años. Solo en caso de pérdida o daño, los alumnos tendrían que pagar por el duplicado, cuyo costo sería equivalente al 0.5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente.
El documento señala que los carnets serán expedidos por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) o el Ministerio de Educación, según corresponda, y se constituirán como el único documento válido para acceder al beneficio del pasaje diferenciado en transporte público.
Motivaciones detrás de la propuesta
En la exposición de motivos, el congresista Cerrón argumenta que actualmente el trámite del carnet universitario, aunque regulado por SUNEDU a un costo de S/ 11.50, puede llegar a costar más de S/ 30 en algunas universidades privadas, e incluso S/ 80 en casos extremos, lo que afecta la igualdad de oportunidades. Además, se advierte que algunas instituciones incluyen cobros no transparentes, violando principios constitucionales de gratuidad y protección al consumidor.
El proyecto también remarca que el carnet universitario no solo acredita la condición de estudiante, sino que habilita a tarifas sociales en transporte, acceso a actividades culturales y participación estudiantil, en línea con los derechos protegidos en la Constitución.
Próximos pasos
La propuesta establece que el Ministerio de Educación deberá emitir el reglamento correspondiente para implementar la gratuidad y supervisar su cumplimiento. De ser aprobada, la medida beneficiaría directamente a estudiantes de universidades públicas y privadas, promoviendo un acceso más equitativo a los servicios complementarios a la educación superior.
