Una red criminal integrada por miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) quedó al descubierto tras un megaoperativo realizado en simultáneo realizado en Lima, Iquitos, Casma y Cañete.
La operación culminó con la captura del coronel en retiro Walter Palomino Simón, exjefe del Grupo Terna, junto a ocho agentes policiales activos y en retiro.
Esta investigación expone la existencia de una estructura delictiva que habría operado sembrando drogas y armas, manipulando pruebas y negociando traslados de reclusos desde oficinas policiales y penales.
Según las autoridades, el presunto líder de la organización sería Palomino Simón, quien fue apartado de sus funciones en enero de 2025.
Durante su carrera policial, el coronel en retiro no solo comandó el Grupo Terna en Lima, sino que también ocupó puestos estratégicos en la División de Inteligencia Criminal (Divincri) de Trujillo, lo que le brindaba acceso a información crítica.
También fueron detenidos:
Jair Paolo Putuquia Sánchez – Inteligencia Depincr SJM
José Miguel Magallanes Saravia – Divpol Sur 2
Gerso Ramírez Farfán – Depincri Villa El Salvador
Alessandro Chen Ramos – Comisaría Dulanto B – Callao
Jorge Bohorquez Roncal – Depincri Villa El Salvador
Marlon Cóndor Mejía – Brigada Contra el Crimen Lima Norte
Edward Palomino Ramos – Depincri Villa El Salvador
Christians Bonifacio Suna – Inteligencia SJM
No obstante, cuatro involucrados continúan prófugos: los agentes José Aguilar Roncal (Depincri El Agustino), Erick Bernal Caldas (Oficri Callao), el capitán Jorge Vicente Rojas (Carreteras Casma) y una ciudadana identificada como Susan Cordero Cárdenas.
La red criminal utilizaba recursos institucionales para extorsionar detenidos, manipular investigaciones y adulterar evidencias en operativos policiales.
Entre los años 2021 y 2022, los implicados habrían montado operativos irregulares donde sembraban pruebas falsas, como drogas o armas, para luego exigir dinero a cambio de liberar a los arrestados.
El Ministerio Público solicitará cárcel preventiva para los implicados, mientras que la Inspectoría General ya ha iniciado procesos disciplinarios que posiblemente resulten en la expulsión definitiva de los efectivos activos.
