Estados Unidos pondrá en marcha, desde el próximo 20 de agosto, un controvertido plan piloto migratorio que ha despertado preocupación a nivel internacional. Se trata de una «fianza de visa» (visa bond) que obligará a ciertos extranjeros que ingresen al país por negocios o turismo a pagar entre 5.000 y 15.000 dólares como garantía de que abandonarán el país en el tiempo estipulado.
Este programa, impulsado por el presidente Donald Trump tras asumir su segundo mandato el pasado 20 de enero, forma parte de un endurecimiento drástico de la política migratoria que también ha incluido redadas masivas y deportaciones forzadas.
¿En qué consiste la nueva fianza migratoria?
Según el Registro Federal del Gobierno de EE.UU., el programa se llama «Fianza de Mantenimiento de Estatus y Salida» y estará vigente hasta el 5 de agosto de 2026. Aplicará únicamente a ciudadanos de países con altas tasas de sobreestadía de visas o débiles controles de seguridad en la emisión de documentos de identidad.
Los solicitantes que sean elegibles para la visa aún deberán aprobar todos los requisitos consulares. Luego, si desean ingresar a EE.UU., deberán decidir si pagan la fianza impuesta —cuyo monto mínimo es de 5.000 dólares—. Si el visitante extiende su estadía más allá del límite legal, modifica su estatus migratorio sin justificación o viola las condiciones del visado, perderá ese dinero.
Justificación oficial y polémica
El documento oficial que sustenta la medida afirma que, solo en 2023, más de 500.000 extranjeros fueron sospechosos de haber sobrepasado el tiempo legal de permanencia en EE.UU.
Además, el gobierno argumenta que muchos de ellos representan «amenazas significativas para la seguridad nacional», vinculándolos con delitos graves, espionaje, terrorismo e incluso el «abuso de la generosidad del pueblo estadounidense», lo cual —según alegan— habría generado un costo multimillonario para el Estado.
Estas afirmaciones han sido duramente cuestionadas por organizaciones de derechos humanos, que consideran que la medida criminaliza preventivamente a los migrantes y afecta principalmente a ciudadanos de países en desarrollo.
Impacto previsto
El gobierno estadounidense estima que el impacto inicial será limitado. Se calcula que solo unas 2.000 personas podrían aceptar las condiciones durante los 12 meses de prueba del programa. Si cada uno paga en promedio 10.000 dólares de fianza, el monto total ascendería a 20 millones de dólares, que serían reembolsados si se cumplen las condiciones legales.
Un intento previo en 2020
Cabe recordar que una versión similar de este plan fue impulsada por Trump en 2020, dirigida a ciudadanos de países como Afganistán, Angola, Irán, Siria, Sudán y Yemen, entre otros. Sin embargo, aquel proyecto fue suspendido debido a la pandemia de COVID-19.
Ahora, con la reactivación del programa, se abre un nuevo capítulo en la política migratoria estadounidense, centrado más en la desconfianza y en la barrera económica, que en la integración o el beneficio mutuo.
