Desde hace varios días, el gobierno mexicano denunció un incremento de la la vigilancia policial alrededor de su embajada en La Paz, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador otorgó en noviembre asilo político al exmandatario boliviano Evo Morales.
El canciller aseguró que el hostigamiento a sus sedes comenzó después de que la embajada de México dio asilo a nueve personas y solicitó salvoconductos para ellos. Agregó que días después, el gobierno de Bolivia dijo que había emitido órdenes de arresto para cuatro de ellos.
Por otro lado, la canciller de Bolivia, Karen Longaric, calificó el anuncio como “una falacia jurídica”, argumentando que no se puede instaurar una demanda por hechos no probados o por presunciones.
