La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó el 3 de julio de 2025 la deportación de ocho inmigrantes con antecedentes penales a Sudán del Sur, un país en conflicto, a pesar de que no tienen vínculos con ese territorio. La decisión, respaldada por la mayoría conservadora, permite retomar el traslado detenido desde mayo en una base naval en Yibuti.
El fallo revoca la orden del juez federal Brian Murphy, quien había bloqueado la expulsión por considerar que violaba los derechos de los migrantes al enviarlos a un país peligroso. La Corte Suprema suspendió la decisión de Murphy, declarando cualquier intento de impedir el traslado como «inaplicable», sin detallar la justificación legal, como es habitual en casos de emergencia.
Tricia McLaughlin, Asistente Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, afirmó que el traslado a Sudán del Sur se completará en 24 horas, destacando la decisión como una «victoria para el estado de derecho y la seguridad de EE. UU.», según The Associated Press.
División en la Corte y críticas
Las juezas liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, en un voto disidente, criticaron la decisión por otorgar excesivo poder al gobierno. Elena Kagan también expresó reservas, aunque aceptó que el fallo anula las protecciones de Murphy.
Contexto de los migrantes
Los inmigrantes, con órdenes de deportación definitivas, estuvieron detenidos en un contenedor en Yibuti tras la interrupción del vuelo a Sudán del Sur. Abogados de la National Immigration Litigation Alliance, como Trina Realmuto, advierten que los deportados enfrentan riesgos graves, incluyendo detención, tortura o muerte, debido a la inestabilidad y violaciones de derechos humanos en Sudán del Sur.
Políticas migratorias y controversia
La decisión se enmarca en una ofensiva del gobierno republicano contra la inmigración irregular. La fiscal general Pam Bondi calificó a Murphy como un «juez rebelde», celebrando que la Corte Suprema corrigiera su «desacato». ICE asegura que los migrantes agotaron sus recursos legales, pero Murphy había argumentado que merecían impugnar su traslado a un país donde corren peligro.
La resolución elimina protecciones temporales previas y refuerza la autoridad del gobierno para ejecutar deportaciones a terceros países, generando críticas por los riesgos humanitarios que enfrentan los afectados.
