Evo Morales lo ha vuelto a hacer. A pesar de los límites constitucionales, de los escándalos del pasado y del daño que su ambición ya le ha hecho al país, el expresidente boliviano insiste en regresar al poder. Pero esta vez no se conforma con intentar postularse: advierte con paralizar Bolivia si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no lo habilita como candidato.
Este lunes, Morales fue inscrito como aspirante presidencial para las elecciones del próximo 17 de agosto por el llamado Pacto de Unidad, un bloque que agrupa a colectivos indígenas y campesinos. Sin embargo, lejos de apostar por una contienda limpia o respetar el fallo de los órganos electorales, lanzó una amenaza abierta: si el TSE lo rechaza, iniciarán una “movilización nacional escalonada” desde el 20 de mayo.
¿Estamos frente a una campaña electoral o ante una extorsión política?
El mensaje es claro y brutal: o Evo entra a la carrera electoral, o Bolivia se enfrenta a un nuevo episodio de convulsión social. No se trata de una protesta común ni de un acto de defensa democrática. Se trata de una advertencia con olor a chantaje, disfrazada de “movilización popular”.
No es la primera vez que Morales actúa así. En 2016 perdió un referéndum que le prohibía reelegirse, pero ignoró el resultado y se reeligió de todos modos con la ayuda del Tribunal Constitucional. En 2019, tras unas elecciones plagadas de denuncias y una posterior revuelta, dejó el poder en medio de un escándalo que aún divide al país. Su regreso, ahora, no representa esperanza, sino la amenaza de un ciclo repetido de inestabilidad y confrontación.
Lo más grave no es su deseo de volver, sino su disposición a incendiar el país para lograrlo. Su discurso, lejos de convocar a la unidad o al respeto institucional, empuja a sus bases a la calle, enfrentando a bolivianos contra bolivianos.
Evo Morales no está siendo proscrito. Está enfrentando los límites naturales de cualquier democracia: las reglas. Pero para quien se siente por encima de la ley y cree que Bolivia le pertenece, cualquier límite es visto como persecución.
Si el TSE cede a la presión, sentará un precedente peligrosísimo: el de un país gobernado no por leyes, sino por la amenaza de masas movilizadas. Si no cede, deberá resistir no solo las protestas, sino también la narrativa de un caudillo que ya no sabe gobernar desde la Presidencia, pero aún quiere hacerlo desde la calle.
Bolivia merece una elección libre, en paz y sin extorsiones. Pero mientras Morales siga atizando el fuego, la democracia seguirá caminando sobre brasas.
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