Una controversial demanda fue presentada ante el Consejo de Estado de Colombia contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, quien permanece en estado crítico en la UCI de la Fundación Santa Fe tras un ataque sicarial durante un mitin político el 7 de junio en el barrio Modelia, Bogotá.
La denuncia, interpuesta por Carlos Alberto Sánchez Gras en representación de la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y el Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa (SINSERGEN MINDEFENSA), solicita la pérdida de investidura de Uribe Turbay. Según el demandante, citado por Caracol Radio, el senador participó en “reuniones, discursos públicos y publicaciones en redes sociales” para promover su candidatura a un cargo de elección popular distinto al que ocupa, violando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades del artículo 183, numeral 1°, y el artículo 180 de la Constitución Política.
La demanda, calificada como insólita por sectores de la opinión pública, sostiene que existen “fotografías, videos, publicaciones y testimonios juramentados” que prueban estas acusaciones. Sin embargo, investigaciones sobre el atentado contradicen los argumentos del demandante. Según Semana, el ataque fue orquestado por una estructura criminal vinculada a la Segunda Marquetalia, no por un menor actuando solo, como se afirmó.
La fiscal general señaló la pista “Caquetá”, apuntando a El Para, en Solano, un bastión histórico de las extintas Farc y zona de operaciones de alias el Paisa e Iván Márquez. El testimonio de alias Gabriela, una joven de 19 años involucrada en la planificación, reveló que se le ordenó huir a Florencia tras el ataque para evitar ser identificada.
Uribe Turbay, senador para el período 2022-2026, lucha por su vida tras el atentado. La demanda ha generado críticas por presentarse en un momento en que el legislador enfrenta graves consecuencias de un ataque que, según investigaciones, fue premeditado y no un acto aislado.
Nota: La situación de Uribe Turbay pone en el centro del debate la seguridad de los líderes políticos en Colombia y la pertinencia de demandas en contextos de violencia extrema.
