En un movimiento que ha generado controversia, el presidente Donald Trump, ordenó el despliegue de 800 efectivos de la Guardia Nacional en Washington, D.C., y la federalización del Departamento de Policía Metropolitana, justificando estas medidas como necesarias para combatir la criminalidad.
Sin embargo, estadísticas recientes muestran que la violencia en la capital de los Estados Unidos está en su nivel más bajo en tres décadas. Las autoridades locales han calificado esta acción como una intervención autoritaria que socava gravemente la autonomía del Distrito, evocando estrategias de militarización observadas en otros contextos regionales.
Deportaciones masivas: una ofensiva sin precedentes
Paralelamente, Trump ha impulsado una agresiva política migratoria mediante la aprobación del “One Big Beautiful Bill Act”, que destina 170 mil millones de dólares para fortalecer las operaciones de ICE, construir nuevos centros de detención y financiar un muro en la frontera sur.
Entre las medidas implementadas destaca el “expedited removal”, que permite deportaciones rápidas con mínima revisión judicial, así como la revocación de programas migratorios como TPS, DACA y CHNV, afectando a más de 530 mil personas, quienes han sido instadas a autodeportarse o enfrentar arresto y expulsión forzada.
En marzo 2025, Trump invocó el Alien Enemies Act para deportar a venezolanos presuntamente vinculados al Tren de Aragua, enviando vuelos con 137 personas, en ocasiones ignorando órdenes judiciales. Además, militarizó el Centro de Operaciones Migratorias en Guantánamo, donde se planea detener a 30.000 migrantes, movilizando a más de 1.100 soldados para establecer nuevas instalaciones de detención.
Un patrón autoritario: coerción sobre democracia
Según César Ortiz Anderson, presidente de Aprosec, estas acciones reflejan una lógica de Estado de excepción, donde Trump instrumentaliza las fuerzas armadas para ejercer control tanto interno (en Washington, D.C.) como externo (en políticas migratorias). “El despliegue de la Guardia Nacional en la capital busca normalizar el uso de la fuerza militarizada contra la propia población, mientras que la narrativa de ‘invasión’ en las fronteras valida políticas que despojan de derechos, erosionan el debido proceso y debilitan la separación de poderes”, señala Ortiz Anderson.
El experto advierte que estas medidas configuran un escenario alarmante: una deriva autoritaria que amenaza la democracia desde sus centros de poder. “Si no se restablecen límites claros entre fuerza, justicia y ciudadanía, la militarización de Washington podría replicarse en otras ciudades del país”, agrega.
El desafío, según Ortiz, es fortalecer los contrapesos institucionales para proteger el orden constitucional frente a un poder ejecutivo que actúa con creciente unilateralidad.
Una propuesta de cooperación internacional
En su análisis, Ortiz Anderson destaca la necesidad de abordar las raíces de problemas globales como el narcotráfico, que afecta a miles de jóvenes en EE.UU. “Estados Unidos debería apoyar a países como Perú en la lucha contra la criminalidad, especialmente el narcotráfico, que introduce grandes cantidades de drogas en el país. La cooperación internacional es clave para prevenir y reducir estos flagelos”, concluye.
