La comunidad migrante en Estados Unidos vive momentos de gran tensión ante la ofensiva del Gobierno federal. Desde que se reforzó la presencia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), los arrestos se han disparado, generando denuncias por abusos, violencia y un clima de miedo constante.
El 8 de agosto, la Casa Blanca desplegó cientos de agentes federales en Washington D. C. bajo el argumento de combatir el crimen. Sin embargo, para el 20 de agosto, la mitad de las detenciones estaban relacionadas con inmigrantes en situación irregular. Muchas se produjeron en operativos de tráfico, donde policías locales patrullan ahora acompañados de agentes del ICE.
La capital estadounidense no es el único escenario de estas medidas. En Los Ángeles (California), más de 4.200 personas fueron detenidas en apenas dos meses y medio, en operativos cuestionados por sus métodos. Las quejas apuntan a que ICE realiza detenciones sin verificar estatus legal previo, lo que alimenta la percepción de persecución étnica.
Según The New York Times, las deportaciones alcanzaron en la primera semana de agosto un promedio de 1.500 personas por día, una cifra inédita desde la administración Obama. A pesar de que los cruces fronterizos se mantienen bajos, la mayoría de expulsados llevaban años establecidos en el país, lo que preocupa incluso a residentes con documentos en regla.
“Están deteniendo a cualquiera con aspecto latino. Primero arrestan y después investigan. Ellos tienen una cuota que cumplir ordenada por el Gobierno”, denunció Emigdio San José, inmigrante mexicano radicado en Los Ángeles.
El presidente Donald Trump había prometido durante su campaña la mayor operación de deportación en la historia del país. Todo indica que, pese a las batallas judiciales y el rechazo de varios estados, está decidido a llevarla adelante.
