En un hecho sin precedentes en la historia política y judicial de Colombia, la jueza Sandra Liliana Heredia declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, al término del llamado «juicio del siglo». El fallo, dictado por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, marca la primera vez que un expresidente colombiano es condenado penalmente en juicio.
Según la sentencia, Uribe, a través de su exabogado Diego Cadena, ofreció beneficios a testigos encarcelados —entre ellos el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve— para manipular declaraciones judiciales que lo favorecieran y perjudicaran al senador Iván Cepeda, quien lo había vinculado con grupos paramilitares. La jueza señaló que las pruebas evidencian que Uribe tuvo pleno conocimiento y participación en estas maniobras, incluso cuando su defensa intentó desvincularlo argumentando que Cadena actuó sin su consentimiento.
Además de Monsalve, también se presentaron evidencias de sobornos a otros reclusos, como Eurídice Cortés, alias «Diana», y Carlos Enrique Vélez, alias «Víctor». La jueza afirmó que los incentivos económicos fueron encubiertos y que existió una intención clara de inducir a error a la Corte Suprema de Justicia mediante memoriales y pruebas falsas.
«Quedó acreditado más allá de toda duda razonable que Álvaro Uribe Vélez actuó dolosamente para cometer los delitos mencionados, afectando directamente el bien jurídico de la administración de justicia», sentenció Heredia. Por estos hechos, se le impuso prisión domiciliaria, a la espera de la audiencia de imposición de pena programada para el 1 de agosto.
Más de una década de controversia judicial
Este caso se remonta a los años 2012-2014, cuando el senador Cepeda presentó testimonios de exparamilitares que señalaban vínculos de Uribe, entonces gobernador de Antioquia, con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En lugar de aclarar los hechos, Uribe denunció a Cepeda por calumnia, lo que derivó en una larga cadena de recursos judiciales.
En 2018, la Corte Suprema encontró indicios de manipulación de testigos por parte del expresidente. Uribe fue sometido a arresto domiciliario en 2020 durante 67 días. Renunció a su cargo de senador para evitar ser juzgado por el alto tribunal y pasar a la jurisdicción de la Fiscalía General. Aunque en 2021 se intentó cerrar el caso, los jueces lo mantuvieron abierto. Finalmente, en 2024, la Fiscalía bajo el liderazgo de Luz Adriana Camargo formalizó la acusación.
La audiencia y las pruebas clave
Durante la audiencia, Heredia enfatizó que «la Justicia no está al servicio de la política ni de los medios, sino del país», en alusión a las críticas de sectores afines a Uribe que denuncian persecución política.
La jueza dio validez a interceptaciones telefónicas realizadas por la Corte Suprema en 2018 —aunque dirigidas inicialmente a otro congresista— y a grabaciones realizadas por Monsalve con un «reloj espía», donde se escucha a Cadena presionándolo para retractarse y favorecer a Uribe. Heredia descartó que el testimonio de Monsalve, pese a provenir de un preso, careciera de credibilidad: su versión ha sido sostenida por 14 años a pesar de las amenazas.
También se aceptaron como pruebas un video entregado por el abogado suplente Juan Felipe Amaya y documentos manipulados con intención de desinformar al alto tribunal.
Impacto político y consecuencias
Iván Cepeda fue reconocido formalmente como víctima del proceso en 2024, junto a Deyanira Gómez, exesposa de Monsalve, quien huyó del país junto a sus hijos por amenazas tras colaborar con la Justicia.
Expertos advierten que el fallo debilita significativamente la figura de Uribe, líder del partido de derecha Centro Democrático, con posibles consecuencias electorales. Sin embargo, la defensa del expresidente, encabezada por Jaime Granados, sostiene que su cliente no irá a prisión y que el proceso carece de pruebas sólidas. Además, advirtió que si no se emite una sentencia firme en segunda instancia antes de octubre, el caso podría prescribir.
Uribe, de 73 años, siguió la audiencia de forma virtual, mientras que su abogado suplente y el senador Cepeda estuvieron presentes en la sala. Afuera del complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, se registraron protestas en su contra.
