La sorpresiva salida de José Salardi del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha tomado por sorpresa y preocupación a los gremios empresariales, y, a partir de las declaraciones de su sucesor, Raúl Pérez Reyes, se pudo conocer la principal razón de su remoción.
Pérez Reyes confirmó que Salardi dejó de ser el titular del MEF a causa de ciertas discrepancias alrededor del anuncio de la extinción de 14 programas de inversión pública, que hubiera generado ahorros por S/4,000 millones.
«La decisión de permanecer o no de un ministro, lo toma la presidente junto al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros. En este caso, consideraron necesarios hacer cambios para afinar, sobre todo, temas que tienen que ver con la reducción de programas, eficiencia y eficacia de los programas, y también mejoras asociadas a programas de inversiones, particularmente, que tienen que ver con concesiones. La idea es trabajar en esa línea», señaló el nuevo ministro de Economía a la prensa.
Como se recuerda, la semana pasada, en una presentación junto a la presidenta Dina Boluarte, José Salardi explicó que las responsabilidades de los 14 programas pasarían a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), apuntando hacia «una reducción de costos y eficiencia en la gestión, ejecución y supervisión» de las obras.
La mandataria lo secundó y destacó que se hacía una «optimización del gasto público».
«La medida (que extingue los 14 programas) forma parte de un esfuerzo mayor para redimensionar el tamaño del Estado», dijo la gobernante, pero luego cambió de parecer cuando le advirtieron que los sindicatos de las entidades afectadas planeaban organizar una «megamarcha» para protestar por la norma.
Otro factor que habría influido en la salida de Salardi fue la filtración de un informe del MEF sobre el incremento salarial de Boluarte de 16 mil soles a más de 35 mil soles.
A José Salardi también le habrían bajado el dedo por la reforma anunciada en el esquema de inversiones privadas bajo la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP), que le otorgaba mayores competencias a Proinversión para ejecutar e implementar los proyectos, restando protagonismo a otros ministerios.
