Economía

Paralización de las operaciones mineras en Pataz generaría un impacto negativo de más de S/ 650 millones al mes

Repercutirá en la economía de la región La Libertad y de toda su cadena de valor

El impacto de la paralización de la actividad minera informal en Pataz representa un forado millonario que repercutirá en la economía de todos los peruanos, señaló Guillermo Ruiz, empresario liberteño.

Dijo que tras la declaratoria de toque de queda y la suspensión por 30 días de la actividad minera informal en la provincia de Pataz, región La Libertad, destacó que según datos oficiales del MINEM, La Libertad concentra la tercera parte de la producción de oro a nivel nacional, con una participación, en el 2024, de 32,8% en la producción total. Es decir, que se produjeron más de 35,4 millones de gramos finos de oro.

“La Libertad aporta 3,3 gramos de cada 10 que se producen a nivel nacional. Y Pataz es la provincia que reúne la mayor actividad minera. En el 2024 concentró el 63% de la producción en la región y en enero-febrero de 2025 el 51%”, señaló.

Por ello y siendo esta una zona estratégica para la economía nacional no se concibe que carezca de la suficiente presencia estatal para contrarrestar el crimen organizado.

En 2024, Pataz generó mensualmente 1,8 millones de gramos finos de oro. Según el BCRP, el precio del oro por onza troy es de US$ 2.987. Por lo que podemos estimar que el valor de la producción de oro por gramo es de S/ 351.50, lo que representaría un estimado de 650.6 millones de soles mensuales.

La paralización de parte de la actividad minera en Pataz, ante la incapacidad del Estado por erradicar la delincuencia y la informalidad, desacelera la economía y la recaudación tributaria.

En 2024, la recaudación fiscal minera totalizó más de 18 mil millones de soles. Esto representó un incremento de 14% respecto al año anterior. Este nivel de recaudación superó a los años prepandemia y es el tercer monto más alto desde el 2015. Por otro lado, el aporte de la actividad minera al Impuesto a la Renta (IR) viene aumento desde el 2023. A marzo de 2025, la participación de la minería en el IR fue de 25%. Es decir, la actividad minera sustentó la cuarta parte de este tipo de impuesto.

Sin embargo, tras la masacre de 13 trabajadores de la empresa R&R, contratista de la minera Poderosa, las medidas del Gobierno no hacen más que afectar la economía legal.

Abandono estatal

Actualmente, en La Libertad, las bandas criminales se han empoderado en actividades como extorsión, secuestro y narcotráfico, incursionando también en la minería ilegal. Estas bandas comenzaron ofreciendo ‘protección’ a mineros artesanales, pero luego se expandieron a la explotación de socavones clandestinos.

a desorganización en la cadena productiva, sumada a la permisividad en las concesiones mineras, ha facilitado mercados paralelos de oro.

La falta de control estatal y la logística de estos grupos criminales han agravado el problema.
Si bien Pataz está en las portadas de los principales diarios del país, desde hace más de una década Trujillo está tomada por la extorsión.

La Libertad ya no solo exporta delincuentes, como alguna vez dijera un exministro del Interior, también oro producto del caos.

Las recientes medidas del Gobierno repercutirán en los bolsillos de quienes viven formalmente de esta actividad, que son más de 21 mil familias.

¿Qué garantía ofrece el detenimiento de la actividad minera ilegal para el combate contra el crimen organizado? Ninguna. Pataz ya está en Estado de Emergencia desde hace más de un año.

Las bandas criminales no se desarticulan por decretos, por el contrario, se alimentan de la falta de respuestas eficientes del Gobierno.

La reducción de la actividad minera puede venir acompañada de actores ilegales que vean la oportunidad de expandir sus operaciones.

En este punto es necesario recalcar que la minería ilegal no son solamente organizaciones criminales sacando oro de un socavón. También se trata de la formación de más economías ilegales a raíz de este delito: redes de trata de personas, de tráfico de armas y explosivos, corrupción y lavado de dinero.

El impacto de las decisiones gubernamentales no solo se debe medir en términos monetarios. Es vital comprender que se están perdiendo vidas. Mes a mes, más familias se quedan solo con el recuerdo de hijos, padres o hermanos trabajando en la mina para poder salir adelante. ¿Cuánto dinero se debe perder? ¿Cuántas personas más tienen que ser víctimas de la minería ilegal para que el Gobierno comprenda que tiene que cumplir con garantizar la seguridad de todos?

Las víctimas se siguen apilando como documentos esperando su trámite y no hay quién responda. Parafraseando el célebre poema ‘Tiempos imperfectos’, pareciera que “el Perú siempre será quimera, oro, pólvora… penuria y muerte”.