El acceso al crédito en Perú enfrenta uno de sus momentos más complejos en los últimos años. Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), más de 6.2 millones de peruanos tienen deudas vencidas en el sistema financiero, y la morosidad en créditos de consumo ya supera el 5,2%. A esto se suma que en un país donde más del 70 % de la población económicamente activa opera en la informalidad, muchos deudores no cuentan con las herramientas ni el conocimiento para manejar una situación de insolvencia.
En este escenario, el concepto de procedimiento concursal cobra relevancia. Se trata de un proceso legal regulado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), que busca ordenar las obligaciones de una persona natural o jurídica con problemas financieros, ya sea para reorganizar sus pagos o liquidar sus activos
“Existe una gran oportunidad en el marco legal peruano. Las salidas legales para la insolvencia pueden evitar embargos, juicios y pérdidas mayores, y es fundamental que las empresas y personas tengan acceso a esta información para protegerse”, explica Vicente Cruz, CEO de Sheriff y Presidente del Comité de Fraude y Ciberseguridad de Fintech Chile. “En términos simples, una persona o empresa entra en insolvencia cuando ya no puede cumplir con el pago de sus obligaciones en los plazos pactados. Esto puede deberse a pérdida de ingresos, malas decisiones financieras o factores externos como crisis económicas o emergencias sanitarias”, enfatiza Cruz.
En esa línea, nos explica que, en el Perú, existen dos vías principales para abordar esta situación:
- Reestructuración: se negocia con los acreedores para modificar plazos, montos o condiciones de pago.
- Liquidación: se venden los activos del deudor para cubrir las deudas, con un orden de prelación legal.
Ambos procedimientos pueden iniciarse de manera voluntaria por el deudor o por requerimiento de un acreedor, siempre ante Indecopi.
¿Existen beneficios por acogerse a quiebra en Perú?
En Perú, acogerse a un procedimiento de insolvencia, más formalmente llamado proceso concursal, ofrece varios beneficios clave tanto para empresas como, en ciertos casos, para personas naturales con actividad empresarial.
Algunos de estos beneficios son:
- Protección del patrimonio y suspensión de ejecuciones. Una vez declarada la insolvencia, cualquier medida legal o judicial para el cobro de deudas queda suspendida. Esto impide que se ejecuten embargos o se ordenen remates sobre los bienes del deudor, brindando un breve respiro para reorganizarse.
- Entorno para la negociación colectiva. El sistema concursal facilita la negociación entre deudores y acreedores, con costos de transacción reducidos. Esto permite alcanzar acuerdos de reestructuración (o, si no es viable, una salida ordenada mediante liquidación)
- Conservación del valor patrimonial. El proceso busca asignar los activos del deudor de manera eficiente, ya sea para mantener el negocio o liquidarlo ordenadamente. Esto maximiza la recuperación para los acreedores y protege el patrimonio en su conjunto
- Facilitación por parte del Estado (INDECOPI). INDECOPI actúa como mediador para que deudores y acreedores negocien acuerdos, ya sea un Plan de Reestructuración o un Convenio de Liquidación
- Opciones de reestructuración o liquidación ordenada. Dependiendo de las condiciones financieras, la Junta de Acreedores puede elegir entre seguir operando mediante reestructuración o, alternativamente, proceder a una liquidación controlada y legalmente regulada
- Aplicación de un marco legal claro y justo. El proceso se fundamenta en principios como universalidad, proporcionalidad y transparencia. Todos los acreedores participan según la norma legal, lo que fomenta equidad y estabilidad legal
Una de las dudas más comunes es cuánto tiempo permanece registrada una deuda impaga en una central de riesgos. En el Perú, según la Ley de Protección de Datos Personales, la información de deuda vencida puede mantenerse hasta cinco años después de cancelada. Sin embargo, esto no implica que el acceso a nuevos créditos se restablezca de inmediato, ya que las entidades financieras también evalúan el historial y la conducta de pago.
Datos de la SBS muestran que, solo en el primer semestre de 2025, la cartera atrasada de créditos de consumo creció un 14% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto sugiere que más peruanos están en riesgo de caer en insolvencia, lo que hace urgente promover la educación financiera y el conocimiento de las herramientas legales disponibles.
“Cuando una persona se ve superada por las deudas, la reacción más común es evitar el problema. Pero la insolvencia no se resuelve ignorándola. La clave es buscar asesoría especializada y actuar rápido para proteger el patrimonio y la reputación financiera”, afirma Cruz.
