Con 43 votos a favor, 32 en contra y 17 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó en segunda votación la conocida como “Ley Chlimper 2.0”, norma que reduce el impuesto a la renta de las empresas agroexportadoras del 29,5% al 15% hasta 2035.
La medida, respaldada principalmente por el bloque fujimorista, supone una merma fiscal estimada en S/1.880 millones anuales, lo que proyecta un impacto acumulado cercano a los S/20.000 millones, según cálculos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Pese a las advertencias del Consejo Fiscal y organismos internacionales como el FMI, el Congreso dio luz verde a la iniciativa; un pedido de reconsideración posterior no logró revertir la votación.
Desde la oposición, congresistas como Ruth Luque señalaron que el beneficio fue impulsado “con el aval del ministro de Agricultura, Ángel Manero” y en la misma línea, Carlos Anderson cuestionó la necesidad de prolongar incentivos en un sector que —según dijo— ya es rentable y consolidado: “Si es buen negocio, ¿para qué más estímulo? Esto huele a otra cosa”.
El crecimiento del agroexportador es innegable: las exportaciones no tradicionales se han multiplicado por 28 desde el año 2000, generando empleo formal y ganancias significativas, aún así los gremios y especialistas advierten que la bonanza no ha mejorado sustancialmente los salarios ni las condiciones laborales ya que el 94% de trabajadores del sector labora con contratos temporales, pese a desempeñar funciones permanentes.
Conveagro y la Junta Nacional del Café alertaron que la nueva ley podría perjudicar a la agricultura familiar, base de la seguridad alimentaria y amenazar la viabilidad de más de mil cooperativas.
Ahora la norma pasará al Poder Ejecutivo, que ya ha expresado su respaldo a través del ministro Manero, mentras en el MEF, dirigido por Raúl Pérez-Reyes, han adoptado un tono más prudente que su antecesor, José Salardi, quien participó activamente en las negociaciones con gremios empresariales que promovieron esta medida.
