A raíz que Odebrecht nos demandara ante el CIADI, el defenestrado Jorge Ramírez dijo: “Después de todo es el precio por obtener la verdad”. ¡Cierto!. Ahí está la justificación que dopa la conciencia de los defensores del Acuerdo de Colaboración y Beneficios con la firma brasileña, redactado por el fiscal Domingo Pérez y el todavía procurador Ramírez, el 7 de diciembre del 2018.
Para entender el controversial Acuerdo y el por qué ahora los brasileños recurren al CIADI exigiendo 1,200 millones de dólares, lo expresado por el ex–procurador resulta clave. Revela el intercambio de “colaboración” (para conocer la “verdad”), por “beneficios” (para estimular a la empresa corrupta), presente en el texto acordado.
En otras palabras, no se colaboraba para satisfacer a la justicia. ¡Claro que no!. Odebrecht y sus funcionarios eximidos de responsabilidad penal, recibía amplias ventajas y gollerías económicas, por una información que, finalmente, la empresa decidía proporcionar o no. ¡Un negocio redondo!
Fiscales y procuradores consintieron esta barbaridad porque era el precio de “su verdad”; aquella que le permitía perseguir a los adversarios políticos y capturar el poder, como se viene evidenciando. Tan grande fue la carga de odio y subjetivismo, que los beneficios otorgados se sobrepasaron en exceso. Y la taimada compañía llevó más agua a su molino, aprovechando dicha debilidad.
Por eso la reparación fue ridícula y pagadera en 15 años, durante los cuales la corrupta empresa seguirá contratando y percibiendo fondos públicos, una vez levantadas las sanciones administrativas. Tampoco fue denunciada como organización criminal –a diferencia de los partidos políticos– y jamás se incautó el dinero ilícitamente ganado.
Pero más grave fue admitir la culpabilidad de Odebrecht en solo cuatro proyectos (Transoceánica Sur, Tren Eléctrico, Costanera Callao y Vías Cusco), conocidas desde antes, no por confesión sincera. Por lógica, los otros devenían lícitos. Ni sombra de duda, menos sospecha de corrupción, rondaba la cabeza de fiscales y procuradores. Ello explica las presiones a la jueza y al Ministerio de Economía para devolver 520 millones de soles por la venta del proyecto Chaglla, precisamente porque “no era parte del Acuerdo”.
Lo mismo con el Gaseoducto del Sur. No estaba en el Acuerdo y, por lo tanto, gozaba de licitud certificada. Todo perfecto hasta que un portal ecuatoriano descubrió graves sobornos en la suscripción del contrato. En ese momento se quebró la inocencia, porque fiscales y procuradores recién advirtieron que Odebrecht mentía descaradamente. Y no supieron qué hacer.
Odebrecht ha negado dicha culpa. Por eso ha recurrido al CIADI. El contrato no fue resuelto por corrupción, sino por cuestiones financieras del proyecto. Esto será debatido en el CIADI y no la comisión de delitos. ¡No mientan, por favor!.
La inexistencia de una cláusula de salvaguarda impidiendo acudir a tribunales nacionales o extranjeros, en el acta de Colaboración y Beneficios, franquea a Odebrecht el demandar internacionalmente. Igual si por Chaglla, la tramposa compañía demandara al Estado, por no desembolsar lo acordado. A nadie sorprendería que recurriese a instancias jurisdiccionales. Pero ¿y si, mañana, un portal argentino o chileno, develase corrupción en Chaglla?. ¿Qué pensar de los fiscales y procuradores que presionaron por los 520 millones para Odebrecht?. Y ¿qué dirían los epígonos de un Acuerdo, totalmente desmentido por la realidad?
