El 05 de Febrero de 1,975, es recordado como el día que los miembros de la Policía Nacional, dejaron una profunda huella de dignidad y profesionalismo, expresando su total desacuerdo y malestar, por el vejamen público que hizo el gobierno en su contra, relevándolos en su labor constitucional por las FFAA. Así se produjo el último paro de la institución, dejando a Lima sin resguardo y con un consecuente saldo de saqueos, desmanes y decenas de muertos y heridos; que finalmente desestabilizóal gobierno de ese entonces. Hoy, 46 años después, en una actitud no entendible, nuestra PNP, sigue siendo maltratada, postergada por el gobierno transitorio y en ocasiones por nuestros propios compatriotas; a quienes diariamente observamos que al cometer una infracción de tránsito, una falta o al verse descubiertos y detenidos por la comisión de un delito flagrante, estos se enfrentan y agreden a la autoridad policial, debido a que se viene imponiendo “la cultura de la trasgresión” y “la cultura de no respeto a la autoridad”, generando mayor inseguridad, falta de respeto y desprestigio al Sistema de Administración de Justicia.
Ante esta constante de trasgresión e impunidad, debemos preguntarnos: ¿Nuestros Policías están capacitados para controlar estas agresiones?, ¿Cuentan con los medios la Policía (Equipos e implementos) necesarios para enfrentar o desarrollar su función?, ¿Cuentan con un debido ordenamiento jurídico que avale su desempeño funcional? y finalmente ¿La Policía cuenta con el respaldo político del gobierno de turno?






Al margen de lo expresado, considero que es vital e impostergable el entrenamiento y la capacitación y sostenida, pero desgraciadamente, la formación que han recibido en las 22 Escuelas Técnicas Superiores, desperdigadas a nivel nacional no ha sido la adecuada, no se encuentran capacitados en Defensa Personal Policial, que les permita estar en condiciones de reducir, neutralizar, controlar y conducir al intervenido. Con relación a los medios de policía y equipos necesarios, el policía solo cuenta con su arma de reglamento, una dotación mínima de municiones, un grillete, una vara de ley y con el celular de su propiedad, porque una Comisaría máximo cuenta con 3 o 4 celulares a cargo de los responsables de los servicios. Como se aprecia el policía no está equipado para enfrentar a la delincuencia, pese a que las Naciones Unidas en el VIII Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, del 07SET90, dispuso que el Estado, además de adecuar su regulación interna a los estándares internacionales, tiene la obligación de dotar a los agentes del orden con los medios, equipos necesarios y apropiados. En tal sentido un policía de prevención o patrullaje debe contar como mínimo con gases irritantes, con pistolas de descarga eléctrica, con armas no letales, debidamente geo localizados y con un botón de pánico para alertar ante una emergencia y acudan en su apoyo, y finalmente con cámaras adheridas al uniforme que permitan grabar la intervención, el procedimiento empleado, el resultado de la misma, y de ser el caso grabar las agresiones y violencia que son objeto para que sirvan posteriormente como prueba en el proceso.
Es entonces menester potenciar el Principio de Autoridad, porque las leyes defienden los derechos del delincuente y no del ciudadano ni del policía, sabiendo que este por mandato constitucional actúa en el ejercicio regular de su función, finalmente tenemos otro obstáculo, el Acuerdo Plenario Extraordinario Nro. 01-2016/CIJ-116 del 01JUN16, del Poder Judicial, que establece: para tipificar el Delito de Violencia y Resistencia a la Autoridad (Art. 367 CP.), cuando resulta agredido un efectivo policial, este debe acreditar lesiones para que la pena sea efectiva, de lo contrario constituye una falta y solo dictaran comparecencia; este Acuerdo del PJ., no ayuda a neutralizar las agresiones a policías, inclusive señala “que empujar, escupir, insultar, o romperle el uniforme a un policía no es delito”; esto es una burla para la institución. Sin embargo, si la violencia se ejerce contra un Fiscal o un Juez, no requiere este requisito, contrariamente a lo que se dispone para el policía que sí está en primera línea, enfrentando y dando su pecho a las balas.
Finalmente, si analizamos las movilizaciones y bloqueos de carreteras en el norte y sur, vemos que estas acciones son una amenaza a la libertad, la vida, la seguridad y a la estabilidad económica del Estado, cuyo representante, me estoy refiriendo al nuestro Presidente Interino y Jefe Supremo de las FFAA y PNP, que está obligado a garantizar la seguridad y la paz social por ser un Derecho fundamental, para lo cual cuenta con la Policía Nacional. que por función debe hacer respetar la ley e imponer el orden en el país, institución que debe contar con respaldo político y jurídico, no podemos atacar, desprestigiar, cuestionar o debilitar a quien diariamente combate la delincuencia y vela por la paz y seguridad ciudadana. Lo que necesitamos para combatir la inseguridad y la criminalidad es apoyar a la Policía, mejorar su logística, su infraestructura, su tecnología, sus instrumentos legales y procedimientos operativos, su preparación y sus capacidades. Como creen que se siente un Alférez o un Sub Oficial, que ve que sus jefes que estuvieron a su lado enfrentando la violencia de desadaptados, protegiendo la vida y la propiedad del ciudadano, en el ejercicio legal de su función, resultan luego cuestionados, criticados y enjuiciados. Uds creen que esos Oficiales y Sub Oficiales luego actuaran con la moral, compromiso y fortaleza que demanda nuestra función, estoy seguro que no y finalmente quien resultara afectada, por esta impunidad, pues la sociedad y el empresariado que siempre reclaman seguridad y protección de su policía.
*Tnt. Gral de la PNP. Ex Sub Comandante General. Abogado. Magister en Desarrollo y Defensa Nacional. Doctor en Derecho