Columna publicada en el diario Expreso.
La presidenta Dina Boluarte no deja de dispararse a los pies y, el último sábado, nombró al cuestionado Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos, a pesar de que fue censurado por el Congreso cuando ejerció como titular de la cartera del Interior a causa de su ineficiente lucha contra la criminalidad.
No se puede descartar que la designación de Santiváñez, quien afronta investigaciones fiscales por abuso de autoridad y tráfico de influencias, además de una acusación constitucional por presuntamente haber facilitado la fuga de Vladimir Cerrón, en el Minjus responda a la intención de Boluarte de sanear sus temas judiciales para evitar acabar presa.
Como fuere, este despropósito podría también lograr, contra todo pronóstico, que la mandataria revierta su microscópica aprobación solo si Juan José Santiváñez se encarga del inicio de la salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), puesto que es imposible acabar con la inseguridad ciudadana con tremendo lastre como lo son las ideologizadas CIDH y Corte IDH, que se preocupan más por los derechos de los delincuentes que por los de los ciudadanos de bien.
Con la denuncia del Pacto de San José y, en paralelo, las modificaciones legales correspondientes, el país podría aplicar la pena de muerte y hacer que los presos trabajen en las cárceles por un plato de comida: quien no labora, pues que perezca por inanición.
Estar fuera del SIDH, por cierto, no nos convertirá, como chillan los caviares, en una nación paria, sino que estaríamos a la par de países soberanos como Estados Unidos o Canadá, que no forman parte de este nocivo sistema progresista.
Por lo pronto, solo existiría una comisión que estaría evaluando esta posibilidad y, si todo se trata de un bluf, al Parlamento, que ya no puede ser disuelto por ser su último año, le correspondería, ante la bofetada de Dina Boluarte de traer de regreso a un ministro defenestrado, censurar al premier Eduardo Arana, con lo que caería todo su Gabinete.
A su vez, el Legislativo tendría que aprobar, con apremio, la norma que prohíbe que un ministro previamente censurado regrese como titular de otro portafolio.
Ese sería todo el margen de acción del Congreso, ya que es altísimamente imposible, a estas alturas; es decir, en pleno proceso electoral, que la jefa de Estado sea vacada, aquí no estamos tampoco para vender sueños de opio.
