El traslado del expresidente Martín Vizcarra al penal de Ancón II generó una fuerte reacción de su vocero, Alejandro Salas. Según explicó, la decisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) excede sus atribuciones y podría considerarse un abuso de autoridad. Inicialmente, Vizcarra había sido asignado al penal de Lurigancho.
En un mensaje publicado en X, Salas denunció la medida y adelantó que se iniciarán acciones legales contra los responsables. “El Presidente del INPE y su ‘Junta Clasificadora’ deberían enfrentar denuncias por abuso de autoridad. La acción será ampliada a quienes resulten involucrados”, escribió.
El vocero subrayó expresiones como “TORTURA PSICOLÓGICA” y “PERSECUCIÓN POLÍTICA” y mencionó a la Organización de los Estados Americanos (OEA), dejando entrever que la queja podría tomar un alcance internacional.
El INPE, mediante el Comunicado N.° 045-2025-INPE, explicó que, aunque Vizcarra había sido inicialmente asignado a Lurigancho, “por medidas de seguridad penitenciaria” se resolvió su traslado a Ancón II a través de la Resolución Directoral N.° 411-2025-INPE/ORL.
La institución precisó que el penal de Ancón II “ofrece las condiciones adecuadas para su permanencia, garantizando su seguridad física y psicológica”. Además, reiteró que se respetarán los derechos fundamentales de Vizcarra y que todas las decisiones se ajustan a la normativa vigente.
