La campaña agrícola 2022-2023 dejó en evidencia la vulnerabilidad de los productores de la sierra peruana frente a las sequías, un fenómeno climático que golpeó con fuerza la región andina.
Así lo señala Eduardo Zegarra, investigador principal de GRADE (Grupo de Apoyo para el Desarrollo).
Señala que el déficit de lluvias entre octubre y noviembre de 2022 provocó una caída de más del 5% en la producción agrícola nacional en 2023, con impactos severos en las regiones andinas.
Al respecto, la respuesta del Estado fue lenta y poco efectiva, con declaraciones de emergencia tardías y sin recursos suficientes para atender a miles de agricultores afectados.
En ese sentido, Zegarra sostiene que el Seguro Agrícola Catastrófico (SAC), gestionado por empresas privadas y financiado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) con 100 millones de soles anuales, mostró serias limitaciones para enfrentar este tipo de eventos.
Según el Boletín Agrario N° 8, el SAC se basa en declaraciones individuales de pérdidas «observables y evaluables», un método ineficaz para sequías de gran escala, ya que los daños no son visibles de inmediato y muchos productores reducen sus siembras, quedando fuera de la cobertura.
El especialista afirma que este esquema no responde a las necesidades de la agricultura, donde cultivos como papa, maíz y granos andinos dependen exclusivamente de las lluvias.
Frente a este problema, plantea la utilización de un Seguro Agrícola Indizado, basado en indicadores objetivos, como el índice de sequías estandarizado (SPI) del SENAMHI. Este sistema permitiría, sostiene, activar pagos inmediatos a los agricultores afectados sin depender de evaluaciones individuales, garantizando una respuesta más rápida y eficiente ante eventos climáticos extremos.
