Un tribunal de Bogotá ordenó este martes 19 de agosto de 2025 la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe, mientras se resuelve su apelación a la histórica condena de 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal.
Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, fue condenado en primera instancia por intentar sobornar a paramilitares para que lo desvincularan de estos grupos violentos. Desde el 1 de agosto, el político de 73 años permanecía detenido en su residencia de Rionegro, a 30 kilómetros de Medellín.
El exmandatario apeló la sentencia que lo convirtió en el primer expresidente del país condenado penalmente y privado de libertad, argumentando que el juicio estuvo politizado y bajo presiones de la izquierda, actualmente en el poder con el presidente Gustavo Petro.
El Tribunal Superior de Bogotá autorizó que Uribe continúe el proceso en libertad. La segunda instancia tiene plazo hasta el 16 de octubre para ratificar la condena o revocarla; de no resolverse antes, el caso se archivará. Tras conocerse la decisión, Uribe declaró en X: «Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia.»
Orígenes del caso
El conflicto comenzó en 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por un supuesto complot para vincularlo con paramilitares. Cepeda había citado testimonios de exparamilitares que acusaban al expresidente de crear un escuadrón antiguerrillas en la finca familiar.
En 2018, la investigación dio un giro: la Corte Suprema comenzó a indagar a Uribe por manipulación de testigos para desacreditar a Cepeda. Este último afirmó que respeta la decisión judicial pero no la comparte, señalando que la medida anterior buscaba proteger a los denunciantes de posibles presiones.
Legado y controversias
Uribe llegó al poder en medio del conflicto armado colombiano, enfrentando guerrillas de izquierda, escuadrones de ultraderecha y fuerzas estatales. Su política de mano dura debilitó a la FARC y mejoró la percepción de seguridad, pero su gobierno también fue cuestionado por miles de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, donde civiles eran asesinados y presentados como guerrilleros para obtener recompensas.
Durante su mandato se registraron más de 6.000 falsos positivos y alrededor del 40% de las víctimas del conflicto armado —entre desplazados, muertos y heridos— ocurrieron bajo su gobierno.
