Desde el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, la ex primera ministra Betssy Chávez comunicó su decisión de iniciar una huelga de hambre seca y dejó instrucciones precisas sobre el destino de sus restos en caso de fallecer. El anuncio fue realizado en una carta testamentaria escrita de puño y letra dentro del centro penitenciario, en la que la excongresista denuncia reiterados episodios de maltrato y acoso.
“He decidido retomar y radicalizar mi medida de fuerza a una huelga de hambre seca. No he de permitir revisión médica ni tampoco reanimación en ningún centro hospitalario, pues no tiene sentido alguno que me hidraten y los abusos del INPE continúen; esa es mi voluntad”, señala el documento.
Chávez afirma estar “humanamente imposibilitada” de seguir resistiendo ante el deterioro físico y emocional que atribuye al “acoso, maltrato y tortura” ejercidos por el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE): “Hacían reglaje constante, amenazas de muerte, no permitiéndome reunir con mi defensa técnica”, sostiene.
Entre los puntos más graves, Chávez asegura que las autoridades penitenciarias buscan impedir su adecuada defensa en juicio: “La consigna es evitar que yo me defienda en juicio oral y lo que se busca es que yo asista solo como un ornamento, ya que me envían dopada a diligencias judiciales con fluoxetina y alprazolam”.
En la carta, Chávez delega a su madre como su representante legal, instruyéndola para hacer prevalecer sus derechos y beneficios civiles. Además, solicita en caso de muerte que sus restos “le sean entregados al Dr. Raúl Martin Noblecilla en la morgue de Lima” y que el abogado los traslade a su ciudad natal, Tacna, para que sean cremados.
La exfuncionaria pide también poder despedirse de sus padres mediante videollamada y recibir la bendición del padre José Manuel Alonso antes de la aplicación de cualquier medida médica. “Dejo mi espíritu de lucha constante, mi carácter pacifista y mi voz en los corazones de todos los peruanos que anhelan un Perú más justo y humano”, concluye.
Hasta el cierre de esta nota, ni el INPE ni el Ministerio de Justicia se han pronunciado públicamente sobre estas denuncias y peticiones.
