La inseguridad que asola a los conductores de Lima y Callao no es una novedad, pero su intensidad y la indiferencia oficial parecen haberse intensificado en los últimos años, como si la ciudad estuviera aprendiendo a convivir con la violencia cotidiana.
En este contexto, la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) ha confirmado que más del 90 % de las empresas de transporte urbano detendrán sus servicios este 21 de agosto, en un gesto que mezcla indignación y desesperación ante la persistente amenaza de extorsión y los crímenes selectivos que han cobrado la vida de más de 40 choferes, muchos de los cuales, irónicamente, permanecen impunes.
Martín Valeriano, presidente de Anitra, declaró a Exitosa que la paralización es “por el incumplimiento del Gobierno respecto a la inseguridad que vivimos los transportistas, quienes somos blancos de extorsiones y asesinatos. Por eso nos vemos obligados a salir a las calles nuevamente el 21 de agosto”. La frase revela una tensión que va más allá de la protesta formal: es el grito de un gremio que ha sentido la ausencia del Estado en carne propia y que cuestiona, con justa razón, la eficacia de las mesas de trabajo que se instalaron hace meses y que hasta ahora no han producido resultados tangibles.
Alcance del paro y el impacto en la ciudad
El alcance de la medida es significativo. Anitra estima que 460 empresas y más de 22 mil vehículos dejarán de circular, lo que equivaldría a paralizar más del 90 % del transporte formal en Lima y Callao, aunque se presume que el transporte informal continuará operando, como sombra silenciosa en medio del caos. Valeriano subraya que la protesta no es solo por los transportistas: también convoca a la ciudadanía, víctima indirecta de la violencia, los retrasos y la sensación permanente de inseguridad que recorre la ciudad.
Este llamado a la acción no es la primera incursión del gremio en la protesta masiva; las paralizaciones del 16 de septiembre y del 10 de abril anteriores demostraron la capacidad de organización de Anitra, pero también evidenciaron la frustración de un sector que siente que la justicia tarda demasiado o que, en el peor de los casos, simplemente no llega. Tal vez el Gobierno no lo note, o tal vez lo ignora, pero la calle, como escenario de la vida cotidiana, no olvida a quienes caen víctimas del crimen sin recibir reparación alguna.
En definitiva, este paro no es solo un acto de reclamo: es una advertencia sobre la fragilidad de la seguridad en nuestras ciudades, un recordatorio de que la libertad y la vida cotidiana dependen tanto de la vigilancia institucional como del coraje de quienes se atreven a denunciar y resistir, aún frente a un enemigo que parece invisible pero cuya sombra es demasiado tangible.
