La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, volvió a poner sobre la mesa el debate en el Parlamento. En un documento remitido a la Comisión Permanente, pidió declarar nulo el procedimiento con el que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó la denuncia constitucional contra la exfiscal suprema Patricia Benavides.
Espinoza sostiene que la Subcomisión cerró el caso sin analizar el fondo de las acusaciones, que incluyen presuntos delitos de cohecho pasivo específico, encubrimiento personal agravado y abuso de autoridad.
Fiscalía cuestiona decisión parlamentaria
El Ministerio Público advierte que el trámite realizado en la Denuncia Constitucional n.º 602-2021-2026 vulneró el debido proceso parlamentario. Por ello, plantea que el Congreso anule lo actuado y admita la denuncia a evaluación conforme al marco legal vigente.
El archivo de la denuncia, aprobado el pasado 25 de julio por mayoría en la Subcomisión, también fue cuestionado porque el informe rechazado señalaba supuestas irregularidades en el nombramiento de un fiscal del equipo especial “Cuellos Blancos” y en la sustracción de una investigación penal.
Para Espinoza, los miembros de la Subcomisión incurrieron en un “uso arbitrario del poder”, ya que una decisión de este tipo debe estar motivada y ajustada a derecho.
Congreso dividido
La solicitud de la fiscal de la Nación generó reacciones encontradas. Mientras el congresista Fernando Rospigliosi acusó a Espinoza de tener una “obsesión” con Benavides, su colega Ruth Luque advirtió que en el Parlamento existe una mayoría que busca blindar a ciertos personajes.
Aún no hay un pronunciamiento oficial del Congreso sobre la reapertura de la denuncia.
Denuncias archivadas y vínculos cuestionados
Esta no es la primera vez que un caso contra Benavides queda sin investigar. Otras dos denuncias constitucionales fueron archivadas previamente por la misma Subcomisión, relacionadas con designaciones irregulares y exclusión de investigaciones.
La actual denuncia también incluye referencias a supuestas comunicaciones con el exjuez César Hinostroza, investigado en el caso “Cuellos Blancos del Puerto”.
La Fiscalía insiste en que el antejuicio político, como garantía constitucional, no debe usarse para impedir el control legal sobre los altos funcionarios. Con su pedido de nulidad, busca que el Congreso reabra el caso y se restablezca el equilibrio entre poderes del Estado.
