La acción del precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero en la frontera amazónica ha reavivado la discusión sobre la soberanía territorial y los protocolos de respuesta del Estado peruano. Expertos en derecho internacional advirtieron que, de regresar a territorio peruano, podría ser detenido inmediatamente por la Policía Nacional del Perú y sometido a proceso judicial, pues su ingreso no autorizado y la acción pública sobre suelo peruano configuran una violación a la soberanía nacional.
El excanciller Miguel Rodríguez Mackay sostuvo que el Estado peruano cuenta con los recursos jurídicos suficientes para proceder con una detención si se produjera un nuevo ingreso. Según el jurista, el acto cometido representa una infracción deliberada a los límites estatales y afecta la dignidad nacional. Consideró que, en estos casos, la respuesta legal puede incluir mecanismos rápidos de sanción y actuaciones coordinadas entre la policía y el Ministerio Público.
Francisco Belaunde Matossian, especialista en política internacional, advirtió que Perú tiene la potestad de prohibir la entrada futura de Quintero, quien, en su opinión, intenta obtener visibilidad electoral a partir de una controversia internacional. Recomendó que las autoridades colombianas y los aspirantes a cargos públicos aborden los temas de frontera a través de la diplomacia, en respeto de las relaciones históricas entre ambos países y para evitar escaladas de tensión.
En el frente político, la congresista Patricia Juárez presentó una moción ante el Congreso para declarar a Quintero persona no grata, subrayando que los hechos en Santa Rosa constituyen una afrenta a la soberanía y a la integridad jurídica del Perú. El documento, recibido el 12 de agosto, exhorta además a prohibir el ingreso futuro del ciudadano colombiano y llama al Ejecutivo a implementar medidas preventivas adicionales ante eventuales intentos de reingreso.
