El Ministerio Público registró 65 casos de falsos aportantes en la campaña de Susana Villarán para la reelección a la alcaldía de Lima en 2014, según reveló el programa televisivo “Punto Final”. De acuerdo con los testimonios recogidos por la fiscalía, personal vinculado a la campaña utilizó nombres de ciudadanos sin su autorización para encubrir importantes sumas de dinero.
Los testimonios, que servirán de prueba en el juicio contra la ex alcaldesa programado para el 23 de septiembre, incluyen relatos como el de Orlando Salazar Gamboa, quien figura como aportante de mil soles, a pesar de que niega haber entregado dinero y alerta que su firma fue falsificada. Jorge Machuca Cerdán, quien figura con un aporte de S/80 mil, también rechazó haber realizado esa donación y comunicó el hecho al Jurado Nacional de Elecciones, aunque la campaña no corrigió el dato.
Otros casos incluyen a ciudadanos que no guardan ninguna relación con el entorno político de Villarán ni contaban con los recursos económicos para realizar las supuestas contribuciones, como Máximo Córdova, un taxista registrado como donante de S/200, y Sabina Rodas Quispe, quien era estudiante sin ingresos durante ese periodo.
El informe señala a Marco Zevallos, personero legal de la campaña, como uno de los responsables de la elaboración y presentación del informe de ingresos y gastos, que suma S/1’336,600 en aportes. El documento también lleva las firmas de Mónica Pozo (contadora general) y José Castro Joo (tesorero). Zevallos, junto con Villarán, enfrentará el juicio y un pedido de prisión efectiva de 18 años por parte del Ministerio Público.
Además, la fiscalía sostiene que la campaña del No a la Revocatoria recibió U$S3 millones de Odebrecht y la misma cantidad de la empresa OAS. Para la reelección de 2014, la constructora OAS habría realizado un aporte de U$S4 millones a cambio de contratos, como el del proyecto Línea Amarilla. La acusación fiscal concluye que en ambas campañas se falsearon los datos para ocultar el origen real del dinero recibido.
