La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, ha presentado una solicitud oficial a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para que cubra los gastos de su defensa legal en el proceso judicial que se le sigue por presuntas irregularidades durante su gestión.
El pedido de Villarán está vinculado a la investigación sobre la obra pública de remodelación de la Plaza de Bandera, realizada durante su periodo como alcaldesa. Según su argumento, al tratarse de acciones ejecutadas en el ejercicio de sus funciones como autoridad municipal, correspondería a la MML asumir temporalmente los costos de su defensa jurídica.
La exfuncionaria incluyó en su solicitud una propuesta concreta de servicios legales y documentación que contempla un eventual reembolso al Estado, dependiendo del desenlace del proceso judicial. Es decir, en caso de que se determine su inocencia o se justifique la cobertura, los fondos podrían ser restituidos.
El caso en cuestión
Villarán enfrenta una investigación por presunta corrupción relacionada con la ejecución de la mencionada obra. Aunque todavía no existe una resolución judicial firme, el Ministerio Público sigue acumulando pruebas y analizando el nivel de responsabilidad de varios implicados.
Dentro del documento presentado, se plantea que el municipio debería autorizar no solo el desembolso de los honorarios del abogado elegido, sino también el respaldo institucional necesario para formalizar el contrato de defensa legal.
Evaluación pendiente
Ahora corresponde a las áreas administrativas y legales de la Municipalidad revisar el pedido. Este tipo de solicitudes suele pasar por el análisis de la Procuraduría y otras oficinas técnicas antes de tomar una decisión final. En caso de una aprobación, se establecerían condiciones específicas, incluyendo mecanismos de control del gasto y requisitos para un eventual reembolso.
Hasta el momento, la MML no ha emitido un pronunciamiento sobre el tema. La solicitud de Villarán se presenta en medio de un proceso judicial todavía en marcha, y ha reavivado el debate sobre los límites entre el financiamiento público y la responsabilidad individual en casos de presunta corrupción.
