Representantes de la Fiscalía acudieron este martes 22 de julio a la sede de la Defensoría del Pueblo para recabar información sobre la designación de Gino Ríos como miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
La diligencia se realizó luego de que se conociera que Ríos, presidente de la JNJ, tiene una sentencia en su contra por violencia familiar, emitida en mayo del 2011.
El operativo estuvo orientado a recabar documentación del proceso de selección con el que Gino Ríos fue elegido como integrante titular de la JNJ.
Como se recuerda, proceso de selección de los nuevos consejeros estuvo a cargo de una comisión especial encabezada por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.
Los congresistas Héctor Acuña (Honor y Democracia) y Susel Paredes (Bloque Democrático) han solicitado a la Junta Nacional de Justicia disponer la separación de Ríos e iniciar su proceso de vacancia.
A través de un oficio enviado a la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, los legisladores indicaron que el artículo 11 de la Ley Orgánica de la institución establece que están impedidos para ser elegidos miembros los condenados con sentencia consentida o ejecutoriada por delito doloso o por violencia contra las mujeres, niños, niñas o adolescentes.
Asimismo, señalaron que el artículo 18 de la Ley Orgánica contempla que el miembro de la JNJ vaca por tener resolución judicial firme condenatoria por delito común o por violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar.
«Por lo expuesto, queda evidenciado que el señor Ríos Patio se encuentra incurso en una causal de vacancia, por lo que corresponde su inmediata separación», anotaron.
Además, la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) presentó un nuevo pedido de vacancia contra Gino Ríos y que se le suspenda preventivamente del cargo.
