Punto Final develó que un grupo de Whatsapp bajo el nombre de MAPE (Minería Artesanal y en Pequeña Escala), reúne a 181 integrantes. Entre ellos figuran desde mineros informales en proceso de regularización hasta personas investigadas por delitos ambientales, asesores implicados en casos de crimen organizado y dirigentes sindicales desafiliados del proceso formal. El grupo también incluye a actores claves: el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y el actual ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero.
Montero, quien se integró al grupo en agosto de 2024, participó activamente en las discusiones, en particular defendiendo la permanencia del REINFO. “No se puede derogar el REINFO mientras no tengamos una ley para la minería a pequeña escala y artesanal, verdaderamente funcional y que responda a la realidad”, argumentó Montero en uno de los intercambios.
El chat sirvió no solo para intercambiar posiciones sobre normas regulatorias. En medio de la polémica, Montero propuso que el Banco Central de Reserva (BCR) adquiera el oro proveniente de la minería artesanal, idea respaldada de inmediato por varios participantes.
Además, criticó la falta de acuerdos sostenibles por parte del Ejecutivo y detalló el impacto de bloqueos y protestas que afectaban tanto a autoridades como al proceso de regularización de la pequeña minería. Una vez en el cargo, su participación en el chat disminuyó y las quejas hacia el gobierno aumentaron.
Magno Palomino, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (CONFEMIN), señaló que la postura de Montero varió desde que asumió el ministerio, situación que ha derivado en desencanto entre varios dirigentes. “Hoy prácticamente se ha convertido en el enemigo de los mineros artesanales”, resumió.
Actualmente, la derogación del REINFO continúa en evaluación. La Mesa Técnica instalada por el gobierno mantiene una tensa calma frente a las demandas del sector, mientras el grupo digital MAPE sigue operando como un espacio paralelo de gestión, protesta y presión sobre las autoridades, con el propio ministro Montero aún presente y convertido, a pesar de los cuestionamientos, en el principal canal de negociación entre el Estado y la minería informal.
