“Sí, hubo mucho tráfico de dinero, mucho dinero”, relató Sandro Balvin, abogado de Marcela Saldarriaga, al programa “Cuarto Poder”, al referirse a los movimientos financieros que rodearon la campaña de Dina Boluarte en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.
En este escenario, la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos ha puesto bajo la lupa a la mandataria por el presunto delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, a raíz de un supuesto aporte de S/150.000 durante la etapa final de la contienda electoral, cuando Boluarte aspiraba a la vicepresidencia con Perú Libre.
La investigación, aún en fase preliminar, se formalizó mediante la Disposición N°22, firmada por el fiscal Ángel Astocondor. En este documento, al que accedió El Comercio, se amplió el alcance de los hechos bajo análisis y se incorporó como investigado al empresario Eduvigis Beltrán Salinas. La presidenta también figura como investigada, ya que en la fecha de los hechos no contaba con la condición de aforada.
Según la disposición fiscal, el 19 de mayo de 2021 se celebró una reunión en la que Boluarte estuvo presente. En ese encuentro, Beltrán se habría comprometido a entregar el dinero para cubrir los gastos de la “batucada”, el grupo musical que acompañaba las actividades proselitistas de la entonces candidata.
El documento detalla que “el dinero en mención se habría logrado entregar a Dina Boluarte Zegarra de manera directa o por intermedio de Marcela Saldarriaga Ortiz, en una fecha que oscila entre el 19 y 26 de mayo de 2021, sin descartarse que el intermediario de la recepción de dicho dinero pueda haber sido otra persona”.
El testimonio de Henry Shimabukuro, exasesor, añade otro elemento a la investigación. Ante la fiscalía, Shimabukuro declaró que Saldarriaga le mencionó que la entrega del dinero “sí se materializó”. Por otro lado, Beltrán ha negado rotundamente haber entregado el dinero para la campaña electoral de Boluarte e incluso afirmó no conocerla personalmente. Esta negativa contrasta con las versiones recogidas.
Por ello, se ordenó “realizar una indagación patrimonial, a fin de esclarecer lo mencionado, la misma que deberá comprender el período desde el día 1 al 31 de mayo del 2021”. La disposición también establece la toma de declaraciones a los involucrados. En el caso de Dina Boluarte, se ha programado recibir su declaración indagatoria el 14 de octubre del 2025.
