La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso la denuncia constitucional que presentó la Fiscalía de la Nación contra la presidenta Dina Boluarte y varios exministros de su gestión por los supuestos delitos de homicidio y lesiones contra manifestantes en las violentas protestas de diciembre del 2022 a marzo del 2023, tras el golpe de Estado de Pedro Castillo.
El informe final, aprobado con 12 votos a favor y 2 en contra, fue elaborado por el legislador José Jerí, de Somos Perú, voceado como próximo titular de la Mesa Directiva del Parlamento.
El documento señala que «no hay los elementos de convicción suficientes que acrediten fehacientemente y de manera indubitable y objetiva una conducta culpable atribuible a los denunciados».
En su breve intervención, Jerí manifestó que «no se han identificado órdenes directas, actuaciones dolosas, ni demostrado un vínculo causal entre las decisiones que adoptaron dichas autoridades y los resultados lesivos que se pudieron evidenciar en ese periodo de tiempo».
La denuncia constitucional había sido presentada por el exfiscal de la Nación Juan Carlos Villena contra Boluarte y los ex primeros ministros Pedro Angulo y Alberto Otárola, además de César Cervantes, Jorge Chávez Cresta (exministros de Defensa), y Víctor Rojas y Vicente Romero (exministros del Interior).
De acuerdo al artículo 117 de la Constitución, el presidente «solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el Artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral».
