Política

Del “agua sí, oro no” al respaldo a la minería ilegal por parte de la izquierda

Congresistas Jorge Coayla, Elías Varas y Víctor Cutipa

Durante años, líderes políticos y congresistas de izquierda encabezaron protestas con lemas como “agua sí, oro no” o “agro sí, oro no”, presentándose como defensores del medio ambiente y las comunidades rurales. Hoy, ese discurso parece haber quedado atrás; algunos de esos mismos representantes ahora exigen que el Gobierno formalice actividades de minería ilegal, una de las prácticas más nocivas para los ecosistemas amazónicos y los ríos del país.

En las últimas semanas, integrantes de la autodenominada “bancada de izquierda progresista” han salido públicamente a defender a quienes realizan minería sin permisos ni controles ambientales, calificándolos como “trabajadores marginados” que merecen respaldo estatal. Entre ellos figuran congresistas de Juntos Por el Perú – Voces del Pueblo, como Víctor Cutipa, Elías Varas, Jorge Coayla, Wilson Quispe y Roberto Sánchez, además de Bernardo Quito, de la Bancada Socialista. Todos han firmado un proyecto de ley que busca extender el Reinfo —el registro para mineros en proceso de formalización— hasta fines de 2026.

El cambio de postura resulta llamativo. Quienes antes marchaban contra el extractivismo hoy respaldan actividades que emplean mercurio, contaminan ríos, destruyen bosques y afectan gravemente a comunidades indígenas. La minería ilegal, además de su impacto ecológico, evade impuestos, no respeta derechos laborales y es caldo de cultivo para redes delictivas.

¿Qué fue del discurso en defensa de la Madre Tierra? ¿Qué pasó con la crítica a la lógica extractivista y la supuesta prioridad por el agro y la vida?

La contradicción es evidente. El giro no solo refleja una falta de coherencia, sino que pone en duda la autenticidad de sus convicciones ecologistas. Para muchos ciudadanos, este viraje confirma que el ambientalismo de ciertos sectores de izquierda fue, más que una convicción, una herramienta política coyuntural.

En momentos en que el país enfrenta serios desafíos ambientales, la ciudadanía tiene el derecho de exigir consistencia. No se puede defender la tierra con una mano y promover su destrucción con la otra.


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