Una decisión judicial en Estados Unidos vuelve a sacudir el frente legal del Gobierno argentino en torno a YPF, la principal petrolera del país. La jueza federal Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, rechazó este lunes la solicitud del Ejecutivo de Javier Milei para suspender la orden que lo obliga a entregar el 51 % de las acciones de la empresa a fondos litigantes.
La magistrada consideró que Argentina «sigue demorando y eludiendo sus obligaciones» impuestas por un fallo que no ha sido suspendido. Con esta negativa, el país sudamericano tiene ahora solo tres días hábiles para apelar ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, si quiere evitar ser declarado en desacato.
El conflicto se remonta a la expropiación de YPF en 2012, cuando el Estado argentino tomó el control de la petrolera sin lanzar una oferta pública de adquisición para los accionistas minoritarios —entre ellos Petersen y Eton Park—. Estas firmas llevaron el caso a la Justicia estadounidense, respaldadas por el fondo Burford Capital, especializado en litigios. En 2023, obtuvieron una sentencia favorable por 16.100 millones de dólares.
Como parte del cumplimiento, a fines de junio la Corte ordenó a Argentina transferir el 51 % de YPF a los fondos demandantes. Las acciones deben ser depositadas en una cuenta gestionada por el banco BNY Mellon en Nueva York dentro de un plazo de 14 días, y luego transferidas a los beneficiarios en un día hábil.
El Gobierno argentino había solicitado suspender la ejecución de la sentencia, argumentando inmunidad soberana y calificando la medida como “inaplicable”. Sin embargo, Preska ya había advertido en noviembre pasado que solo detendría el fallo si Argentina ofrecía una garantía en forma de acciones de YPF, condición que no fue cumplida.
Con esta nueva decisión, la presión legal y financiera sobre el Estado argentino se intensifica, justo cuando el Gobierno de Milei busca recuperar credibilidad en los mercados internacionales.
